Ajuste a la santacruceña: Sueldos atados, Estado achicado y todo manejado a dedo

Dicen que el borrador era falso. Que era una operación. Que era una exageración de la oposición. Que era humo. Después lo negaron con cara de póker. Y ahora, como si nadie tuviera memoria en esta provincia, aparece el proyecto prolijito, peinado, con el maquillaje puesto, listo para entrar a la Legislatura. El mismo contenido, el mismo espíritu, el mismo ajuste, pero envuelto en lenguaje administrativo para que parezca una cosa técnica y responsable. Y ahí es donde conviene dejar de hacerse los boludos: lo que están intentando aprobar es una ley de emergencia que en realidad es una ley de ajuste.

Porque cuando el texto arranca declarando una “emergencia económica, financiera y administrativa hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por otros doce meses”, lo que está diciendo en santacruceño es: denme poder extraordinario para ordenar el Estado sin romperme las pelotas. La palabra “emergencia” en la política argentina ya es casi un truco de magia. Aparece cada vez que un gobierno necesita tomar medidas de mierda sin bancarse el debate político que esas decisiones merecen. Se invoca la crisis, se despliega el paraguas jurídico y, abajo de ese paraguas, se hacen reformas profundas sin discutirlas demasiado.

Este proyecto hace exactamente eso. Le da al Poder Ejecutivo la capacidad de revisar estructuras del Estado, reorganizar cargos, renegociar contratos, revisar subsidios, reasignar personal y priorizar gastos. Todo muy técnico, muy prolijo, muy burocrático. Pero cuando uno lo traduce al idioma real de la política, lo que aparece es un Estado que puede ser rediseñado a gusto del gobierno de turno. No hay plan productivo, no hay estrategia de desarrollo provincial, no hay una hoja de ruta para generar empleo o diversificar la economía. Lo que hay es un manual de administración de la escasez.

Y después aparece la parte donde el ajuste deja de ser conceptual y pasa a tocar bolsillos concretos. El artículo 4 dice que no podrán aplicarse incrementos automáticos, indexaciones ni mejoras salariales si no hay recursos certificados por el Ministerio de Economía. Parece una frase técnica, pero en la práctica significa algo mucho más simple: las paritarias quedan atadas a cuando al Ejecutivo se le cante la chota. Si el ministerio dice que no hay recursos, no hay aumento. Punto. En un país donde la inflación te come el sueldo todos los meses, eso equivale a ponerle un techo político al salario estatal. Es la forma elegante de decir que el sueldo va a correr siempre atrás de los precios.

Como si eso fuera poco, el proyecto también suspende el ingreso de personal al Estado. Otra vez, el discurso oficial dirá que es austeridad, eficiencia, responsabilidad fiscal. Pero cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona la administración pública en Santa Cruz sabe que muchos organismos ya están trabajando con lo justo y aún así no dejan de meter petrokas. Congelar ingresos no va a hacer mágicamente más eficiente al Estado; lo que va a hacer es sobrecargar a los trabajadores que ya están, deteriorar servicios y empujar más precarización. Después nos preguntamos por qué chucha los hospitales están saturados o por qué los trámites tardan meses. Bueno, estas decisiones ayudan bastante a explicar el problema.

Y como frutilla del postre aparece el capítulo de la “pasividad anticipada voluntaria”. Suena casi poético, como si fuera un beneficio amable para trabajadores que están cerca de jubilarse. En realidad es un mecanismo bastante conocido: ofrecerle a empleados que están a menos de cinco años de la jubilación la posibilidad de dejar de trabajar cobrando entre el 55 y el 75 por ciento del sueldo. Es decir, retirarse antes pero ganando bastante menos. El objetivo es evidente: reducir la masa salarial del Estado sin decir abiertamente que lo están amputando. Encima ni siquiera es automático. El Ejecutivo puede aceptar o rechazar el pedido según le convenga. O sea, discrecionalidad otra vez.

Pero el artículo más jodido es otro. El que dice que si el trabajador que se acoge a ese régimen inicia reclamos administrativos o judiciales contra la provincia, pierde el beneficio. Traducido al riogalleguense más brutal: si reclamás, cagaste. No es una prohibición explícita del derecho a reclamar, claro. Nadie es tan torpe de escribirlo así. Pero el mensaje está clarísimo: el que quiera el beneficio, mejor que se quede calladito.

Lo más impresionante de todo esto es lo que no aparece en ninguna parte del proyecto. No hay una sola línea seria sobre desarrollo económico. Nada sobre cómo generar empleo privado. Nada sobre cómo fortalecer el aparato productivo provincial. Nada sobre cómo salir de la dependencia estructural del Estado. El texto habla obsesivamente de controlar el gasto, priorizar recursos, revisar salarios, reducir personal. Pero no hay ni una estrategia clara para que la provincia produzca más, exporte más o genere más trabajo. Es una ley pensada para administrar la crisis, no para salir de ella.

Y ahí es donde aparece la discusión política que algunos quieren esquivar. Porque cuando uno lee este proyecto completo, cuando lo mira en detalle y lo compara con lo que está pasando a nivel nacional, la coincidencia conceptual es demasiado evidente. Ajuste fiscal, control del gasto, disciplinamiento salarial, reducción del Estado. El mismo libreto. Cambian los discursos, cambian los colores partidarios, cambian los enemigos retóricos, pero el manual económico termina siendo sorprendentemente parecido.

Por eso conviene dejar de comprar relatos y empezar a mirar los textos. Porque los textos no mienten. Y cuando uno los lee con atención, la conclusión aparece sola, incómoda, brutal y bastante difícil de disimular: el modelo de ajuste que baja desde Nación empieza a replicarse en la provincia con otro nombre, otro discurso y otra estética, pero con la misma lógica de fondo. Y mientras algunos siguen discutiendo relatos y slogans, el Estado se reordena silenciosamente bajo la palabra mágica que siempre habilita todo: emergencia.

Por @_fernandocabrera