Cuestionamientos a la nueva Secretaria de Pesca: Advierten incertidumbre y riesgo en puestos de trabajo del sector

La designación de Steffy Grant como flamante Secretaria de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria generó expectativas debido a su "amplia trayectoria" en el sector, particularmente sus siete años en el puerto de Puerto Deseado.

Sin embargo, sus primeros pasos en la gestión han despertado una oleada de cuestionamientos por parte de actores clave del sector, quienes alertan que sus decisiones iniciales se contraponen directamente a la generación de trabajo y la fluidez de la actividad.

A pesar de su experiencia en la operatoria de carga y descarga de buques, la nueva funcionaria parece haber iniciado su mandato con un foco que, según las críticas, ha priorizado la burocracia y las trabas administrativas por encima de la eficiencia.

Aumento de la Carga Administrativa: Empresarios del sector pesquero señalan un incremento en los requisitos y permisos necesarios para las operaciones diarias, lo que se traduce en demoras significativas y un encarecimiento de la actividad.

Frenos Injustificados: Hay reportes de procedimientos que se han vuelto innecesariamente lentos o incluso paralizados, afectando la logística esencial, como el ingreso y egreso de buques o la certificación de capturas.

"El sector pesquero se maneja con tiempos muy ajustados. Cada día de retraso por un trámite burocrático significa una pérdida económica que impacta directamente en la rentabilidad y, en última instancia, en el sostenimiento de los puestos de trabajo," afirmaron desde una cooperativa.

La principal preocupación es que estas decisiones burocráticas no solo ralentizan la actividad, sino que atentan contra la generación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Una actividad pesquera trabada y con mayores costos operativos es menos competitiva, lo que obliga a las empresas a recortar gastos, siendo históricamente la mano de obra uno de los primeros eslabones afectados.

Los cuestionamientos cobran mayor relieve al considerar el sólido cumplimiento por parte de las empresas pesqueras de la Ley Provincial 90/10, una normativa clave que establece la obligatoriedad de contratar al 90% de trabajadores radicados en la provincia de Santa Cruz.

"Las empresas pesqueras de Santa Cruz hemos sido ejemplo de compromiso con la Ley 90/10, asegurando que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo generados por el sector queden en manos de nuestros vecinos. Hoy, las nuevas trabas burocráticas implementadas desde la Secretaría de Pesca amenazan con socavar ese esfuerzo y poner en peligro los puestos de trabajo existentes", expresó un directivo de una compañía con base en Puerto Deseado.

Desde el sector de los trabajadores, la alarma es palpable. Sindicalistas portuarios y marítimos han manifestado su preocupación por un futuro de "incertidumbre" si la tendencia no se revierte.

El sector se pregunta cómo una funcionaria con una trayectoria tan cercana a la operatividad portuaria —donde la eficiencia y la seguridad son la clave— puede impulsar medidas que parecen ir en contra de esos mismos principios. La experiencia de Grant como "apuntadora" debería haberle brindado una comprensión profunda de la importancia de la fluidez logística.

Existe un consenso entre empresarios y trabajadores: la nueva Secretaria debe corregir el rumbo de sus primeras decisiones. Se la insta a desburocratizar la actividad, enfocarse en facilitar la operatoria y trabajar en conjunto con el sector productivo para garantizar que el sector pesquero de Santa Cruz siga siendo un motor de la economía regional y, fundamentalmente, de la generación de empleo genuino.