El TSJ de Santa Cruz abrió la puerta a la IA

La Inteligencia Artificial ya no es una promesa futurista ni una curiosidad de laboratorio. Está en los celulares, en las redes sociales, en la publicidad, en la educación… y ahora también empieza a colarse en uno de los terrenos más sensibles de cualquier sociedad: la Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz aprobó un Protocolo de Directrices para el Uso Responsable de Inteligencia Artificial que alcanza a toda la magistratura, funcionarios y empleados judiciales. La resolución fue firmada ad referéndum por la presidenta del máximo tribunal provincial, Reneé Fernández.

En los papeles, la idea suena razonable: aprovechar la potencia de estas herramientas para agilizar procesos, ordenar información y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Algo que, siendo honestos, falta bastante en la mayoría de los tribunales argentinos y que hace rato viene pidiendo pista.

Pero si uno se pone un poco más filosófico —y menos ingenuo— el asunto abre preguntas bastante más profundas.

Porque la Inteligencia Artificial no es solo una herramienta. Es una nueva forma de producir realidad.

En términos fenomenológicos, cada tecnología reconfigura la manera en que el mundo aparece ante nosotros. La imprenta cambió la relación con el conocimiento. Internet alteró la percepción del tiempo y del espacio. Y la IA ahora empieza a intervenir en algo todavía más delicado: la interpretación de los hechos.

En santacruceño, dicho bien corto y al hueso: la Justicia no se limita a aplicar leyes. La Justicia interpreta, pondera, contextualiza. Y en ese proceso se juega algo profundamente humano: el juicio.

Por eso no deja de ser curioso que el propio protocolo insista en algo que parece obvio pero que hoy ya no lo es tanto: la decisión final siempre será humana.

Cuando una institución siente la necesidad de aclarar eso, es porque el tema ya está sobre la mesa y el debate se viene.

Desde la Dirección de Informática del Poder Judicial —a cargo de Fernando Igoillo— explicaron que la IA funcionará como asistente para tareas como la búsqueda de jurisprudencia o la anonimización de documentos judiciales.

Entre los desarrollos que están probando aparecen dos herramientas bastante pulentas: un Buscador Inteligente de Jurisprudencia que permite hacer consultas en lenguaje natural y un sistema automático para ocultar datos sensibles en documentos oficiales.

Todo muy eficiente. Todo muy moderno. Muy siglo XXI.

Pero la pregunta de fondo sigue siendo otra: ¿qué pasa cuando la tecnología empieza a organizar el campo de lo pensable dentro de la Justicia?

Observe aquí el lector de "Santa Cruz nuestro lugar" que la IA funciona con modelos entrenados sobre enormes cantidades de datos. Eso significa que aprende de decisiones pasadas, de textos existentes, de patrones históricos. Dicho de otra forma: aprende del pasado para responder al presente.

Y ahí aparece un dilema interesante.

Si la Justicia ya arrastra sesgos históricos —sociales, económicos, culturales— ¿qué pasa cuando esos mismos patrones quedan cristalizados en algoritmos que luego ayudan a interpretar nuevos casos?

El protocolo habla de evitar “sesgos algorítmicos”. Perfecto. El problema es que los sesgos no siempre se ven a simple vista. A veces están incrustados en la forma misma en que se organiza la información.

Por eso el avance de la IA en la Justicia no es solo una cuestión técnica. Es también una cuestión filosófica, política y cultural.

Porque cuando una máquina empieza a sugerir interpretaciones, ordenar precedentes o resumir argumentos, el riesgo no es que reemplace a los jueces.

El riesgo es más sutil.

Que poco a poco empiece a moldear la forma en que los humanos pensamos las decisiones. Que sin darnos mucha cuenta, el algoritmo empiece a marcar la cancha.

Y ahí, como dirían los pibes hoy mientras scrollean el celu y tiran un “che, mirá esto”: la cosa se pone bastante más picante.

Por @_fernandocabrera