El TSJ denuncia apriete político de Vidal

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) salió con los tapones de punta y no se guardó nada. En un documento de varias páginas difundido este 8 de octubre, los jueces le pegaron de lleno al Gobierno provincial por lo que calificaron como una “intromisión política descarada” en el Poder Judicial y un manejo “a la bartola” de las leyes y los recursos.

El comunicado, firmado por la presidenta Reneé G. Fernández y los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, tira munición gruesa: acusan al Ejecutivo de querer copar el Tribunal, metiendo más integrantes de los que la ley permite y empujando una reforma exprés para ampliar el número de jueces de cinco a nueve. “Una jugada política que no tiene otro fin que acomodar a los propios”, remarcan entre líneas.

La movida generó un sacudón institucional, con denuncias cruzadas, medidas cautelares y presentaciones judiciales que todavía están en danza. Pero lo más grave, según el TSJ, fue la actitud del propio gobernador y de varios diputados oficialistas que dijeron públicamente que no iban a acatar una orden judicial. “Eso es un papelón y un ataque directo a la Constitución”, señalaron los jueces, recordando que desobedecer un fallo puede ser delito.

En el escrito, el Tribunal también denuncia una seguidilla de aprietes, chicanas y amenazas políticas, incluso la posibilidad de reabrir viejos juicios políticos como forma de presión. “Nos quieren desmoralizar, pero no lo van a lograr”, sostienen, apuntando a declaraciones del ministro de Gobierno y otros funcionarios que —según el texto— se fueron de boca hablando de intervenciones y sanciones al Poder Judicial.

Como si eso fuera poco, los jueces encendieron todas las alarmas por la crisis presupuestaria. Afirman que el presupuesto 2025 tuvo un recorte del 38 % y que el proyectado para 2026 apenas cubriría el 31 % de las necesidades mínimas. “Así no se puede laburar, loco. No hay guita ni para mantener los edificios, ni para pagar el funcionamiento diario. Estamos en emergencia edilicia e informática”, remarcaron, aludiendo a una declaración oficial que ya habían emitido en junio.

El comunicado es una radiografía de una Justicia acorralada: por un lado, sin presupuesto; por otro, bajo fuego político. “Estamos obligados, por ley y por dignidad, a defender la independencia judicial. No se trata de internas, se trata de que no nos manejen como si fuéramos una escribanía del poder de turno”, dice el texto con un tono que mezcla bronca y firmeza.

Los firmantes del documento —Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta— remarcan que la postura del TSJ no tiene que ver con una pelea de poder, sino con una defensa legítima de la división de poderes y de la independencia judicial. Aseguran que su objetivo es que el sistema de justicia siga funcionando con la austeridad de siempre, pese a los recortes y a la presión política constante. “Nuestra responsabilidad es con la gente, no con los gobiernos de turno”, concluyen.

Por @_fernandocabrera