El vicegobernador impone el cierre unilateral de la paritaria hasta octubre sin otorgar categorías ni respuestas a requerimientos laborales

Tras dos faltazos de los representantes de la Honorable Cámara de Diputados, finalmente se llevó a cabo un encuentro con los paritarios de la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL), aunque lejos de consolidarse un espacio de negociación colectiva, la patronal optó por imponer condiciones autoritarias, clausurando cualquier posibilidad de diálogo hasta octubre.

A pesar de la voluntad de los legislativos de mantener abierta la mesa de negociación para tratar temas urgentes, los representantes del Poder Legislativo se limitaron a presentar una pauta salarial "única e inamovible". Esta oferta, que propone un aumento acumulado del 17,8% escalonado hasta octubre similar al de la Administración Central, fue informada de manera cerrada, impidiendo cualquier tipo de debate constructivo sobre las necesidades reales de los trabajadores.

La gravedad del encuentro no se limitó a lo salarial. Ante el pedido de los paritarios de continuar las reuniones en agosto para abordar la compleja situación laboral, la patronal fue contundente: "damos por finalizada" la paritaria, convocando recién para el mes de octubre.

El documento que respalda lo sucedido demuestra el desinterés de la gestión por resolver cuestiones fundamentales como recategorizaciones, donde la patronal evadió dar soluciones concretas, limitándose a repetir que esta facultad es exclusiva de Fabián Leguizamón, ignorando que no se producen recategorizaciones generales desde noviembre de 2023.

En tanto, cuando el gremio solicitó copia del organigrama y misiones y funciones para conocer la estructura institucional y de cargos políticos, la patronal "no accedió a lo solicitado", alegando que excedía los alcances de la Comisión Negociadora y nuevamente la parte empleadora utilizó el argumento de la supuesta falta de "certificación de autoridades" por parte del Ministerio de Capital Humano para intentar deslegitimar la representatividad sindical.

Desde APEL rechazaron rotundamente esta metodología, calificándola como una imposición que ignora la representación de los trabajadores y atenta contra su dignidad. Mientras el gremio busca respuestas sobre protocolos de salud mental, equiparación de títulos y el uso de horas, la patronal elige el hermetismo y la dilación.

El gremio ha dejado claro su postura frente a esta "Mesa Autoritaria": el diálogo no puede ser utilizado como moneda de cambio ni como un favor, sino que es un derecho fundamental que hoy, en la Legislatura Provincial, está siendo sistemáticamente vulnerado.