Frente común desafía a Vidal: Intendentes de todos los partidos se unen para exigir el 50% del fondo UNIRSE

El proyecto, que ya ingresó a la Legislatura, busca aliviar la asfixia financiera de las comunas. Cuenta con el respaldo unánime de jefes comunales de Por Santa Cruz, el Justicialismo, la UCR y MOVERE, quienes exigen al Ejecutivo provincial mayor asistencia para pagar salarios y servicios.

En una jornada que promete marcar un antes y un después en la relación entre la provincia y sus municipios, ingresó ayer a la Honorable Cámara de Diputados el Proyecto de Ley N.º 255. La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial”, no solo propone una solución económica urgente, sino que llega respaldada por un frente político transversal e inédito que pone en jaque la actual administración de los recursos centrales.

El proyecto, impulsado por los diputados Javier Jara (MOVERE), Daniel Peralta (Santa Cruz Somos Todos), José Luis Quiroga (Por Santa Cruz), Carlos Alegría y Eloy Echazú (Partido Justicialista), propone el reparto inmediato del 50% de los fondos existentes en el Fondo Fiduciario UNIRSE entre todos los municipios y comisiones de fomento, bajo coeficientes de coparticipación y con carácter de libre disponibilidad.

Unanimidad política: el dato que sacude al Ejecutivo

Lo que distingue a esta iniciativa de intentos anteriores es el potente mensaje político adjunto: un documento firmado por intendentes de todo el arco ideológico santacruceño. En un hecho de unidad sin precedentes, el pedido de auxilio financiero cuenta con el apoyo de:

• El Justicialismo: Pablo Grasso (Río Gallegos), Javier Belloni (El Calafate), Darío Menna (Río Turbio) y Aldo Aravena (28 de Noviembre).

• El Oficialismo (Por Santa Cruz): Referentes cercanos al gobernador Claudio Vidal como Pablo Anabalón (Pico Truncado), Zulma Neira (Los Antiguos) y Tomás Cabral (Koluel Kayke).

• Aliados y Oposición: Antonio Carambia (Las Heras, de MOVERE) y Juan "Pirri" Martínez (Puerto Deseado, de la UCR).

Esta coalición de hecho demuestra que la crisis de las cajas locales ha superado cualquier grieta partidaria. Los intendentes, asfixiados por la caída de la recaudación y el aumento de costos, reclaman en bloque un federalismo interno real.

Oxígeno para salarios y servicios

El texto de la ley establece que los fondos podrán destinarse prioritariamente al pago de haberes y actualizaciones salariales, cancelación de deudas comerciales y el mantenimiento de servicios públicos esenciales. La vigencia del programa se extendería hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el proyecto prevé que, una vez finalizada la emergencia, el 50% de los recursos del UNIRSE quede asignado de forma permanente a proyectos municipales.

Los fundamentos del proyecto son contundentes: denuncian una caída real de la coparticipación del 15,2% entre 2024 y 2026, sumada al retiro de YPF de la provincia y un colapso del 93% en la obra pública nacional en territorio santacruceño.

"Resulta inviable aumentar la carga tributaria sobre los vecinos", advierten los legisladores en los fundamentos, señalando que la falta de coparticipación de los bonos resarcitorios por la salida de la petrolera estatal dejó a las gestiones locales en una situación de "iliquidez crítica".

El reloj corre para el Ejecutivo

De aprobarse la ley que cuenta con un amplio respaldo entre los legisladores, el Ministerio de Economía tendrá un plazo de 20 días corridos para efectivizar las transferencias. Con este movimiento, la Legislatura se convierte en el epicentro de una pulseada de poder donde los jefes comunales, unidos por primera vez en un reclamo unánime, esperan que el Gobierno Provincial acuse recibo de la urgencia que se vive en cada rincón de Santa Cruz.