Idiota, retardo mental, imbécil y débil mental: Otro retroceso en derechos del gobierno de Milei y las pensiones por discapacidad

Algunos intentarán justificar este atropello señalando que la normativa previa, de 1998, ya incluía estos términos. Pero esa excusa no se sostiene. En aquel entonces, la sociedad aún toleraba expresiones que hoy resultan inaceptables. El cambio cultural y las luchas del movimiento de personas con discapacidad han permitido erradicar muchas formas de estigmatización. Que un equipo técnico en 2024 pase por alto semejante aberración no es un simple descuido, sino un síntoma de una falta de compromiso alarmante con la dignidad y los derechos humanos.

El gobierno de Javier Milei ha dado un paso alarmante en materia de derechos humanos con la reciente publicación en el Boletín Oficial de un nuevo baremo para la evaluación de pensiones no contributivas por invalidez. Lo que podría haber sido una actualización necesaria terminó convirtiéndose en una muestra de brutal insensibilidad y desconocimiento histórico. En la resolución, se emplean términos anacrónicos y profundamente ofensivos como “retardo mental”, “débil mental”, “idiota” e “imbécil” para clasificar a personas con discapacidad intelectual.

Además del lenguaje inaceptable, la clasificación basada en el coeficiente intelectual está mal formulada, lo que genera aún más incertidumbre sobre la rigurosidad del documento. En este contexto, es urgente generar conciencia, exigir responsabilidad y, sobre todo, evitar que se naturalicen retrocesos en derechos conquistados con tanto esfuerzo. En una sociedad democrática, la única dirección posible es hacia adelante.

Cualquier profesional del área sabe que la expresión "retardo mental" fue eliminada en 2013 con la publicación del DSM-5, el manual diagnóstico de referencia internacional. Pero lo realmente indignante es la utilización de conceptos que datan del siglo XIX, con una carga de discriminación que remite al oscuro período de la eugenesia, cuando las personas con discapacidad eran confinadas, privadas de sus derechos e incluso sometidas a esterilización forzada. Rescatar esa terminología más de un siglo después es inadmisible.

En Santa Cruz, donde la salud mental ha sido un tema de debate constante en los últimos años, la pregunta es inevitable: ¿qué postura tomará el gobierno provincial ante semejante atropello? Las discusiones sobre la precarización del sistema de atención, la falta de profesionales y la necesidad de un enfoque integral han sido eje de múltiples reclamos. Si desde la Nación se está promoviendo un retroceso en el reconocimiento de derechos, ¿se mantendrá la provincia en silencio o tomará una postura firme en defensa de los sectores más vulnerables?

No es novedad para el lector de "Santa Cruz nuestro lugar" que esta medida afecta directamente a un sector de la población que ya enfrenta enormes dificultades para acceder a prestaciones básicas. La provincia, que tiene un sistema de salud mental con falencias estructurales, no puede permitirse la indiferencia. Urge una respuesta concreta, porque lo que está en juego no es un simple tecnicismo burocrático, sino la dignidad de miles de personas.

Por @_fernandocabrera