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Impulsan nuevo Régimen de Coparticipación Provincial: Autonomía municipal, ordenamiento de deudas previsionales y fin de los giros discrecionales por cercanía política

Foto del escritor: Santa Cruz Nuestro Lugar
Santa Cruz Nuestro Lugar
hace 14 minutos
4 min de lectura

Un proyecto de ley impulsado por los legisladores Agostina Mora Doldán, José Bodlovic, Eloy Echazú y Carlos Godoy busca transformar a partir del 1° de enero de 2027 el esquema de reparto de recursos públicos en Santa Cruz, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los Municipios y Comisiones de Fomento, sanear las deudas con los organismos previsionales y reducir la dependencia de asistencias discrecionales del Tesoro Provincial.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, durante 2025 el déficit consolidado de los veinte Municipios y Comisiones de Fomento alcanzó los $21.193 millones, mientras que la contribución figurativa del Tesoro Provincial a la Caja de Previsión Social (CPS) llegó a $276.105 millones. Los autores sostienen que ese escenario expone un circuito en el que los desbalances financieros locales, el atraso en las obligaciones previsionales y las ayudas extraordinarias se retroalimentan, afectando la autonomía municipal y la sustentabilidad del sistema de seguridad social.


Masa coparticipable unificada y reparto automático

La iniciativa propone establecer un Régimen de Coparticipación Automática de Recursos Provinciales que unifica ingresos de origen nacional y provincial. La masa bruta coparticipable quedaría integrada por la Coparticipación Federal de Impuestos (Ley Nacional N° 23.548 o la que la reemplace) y, en el plano provincial, por Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas, Regalías de Gas y Petróleo y, por primera vez, las Regalías Mineras creadas por la Ley Provincial N° 1.992.


En cuanto a la distribución primaria, el proyecto fija un reparto del 81% para el Gobierno Provincial y del 19% para el conjunto de los Municipios y Comisiones de Fomento adheridos, a través del agente financiero de la provincia y con una frecuencia no mayor a quince días. Para la distribución secundaria entre las jurisdicciones adheridas, se establecen tres criterios sobre la base del último Censo Nacional o Provincial disponible:

* 83,15% en proporción directa a la población determinada.

* 11% en partes iguales a cada municipalidad (excluyendo a las tres de mayor población) y Comisiones de Fomento.

* 5,85% en proporción directa a la diferencia poblacional de cada localidad respecto de la ciudad capital.

Garantía transitoria y nuevo Consejo de Responsabilidad Fiscal

Para atender los descalces entre la coparticipación y el gasto salarial sin recurrir a gestiones discrecionales, el texto incorpora una Garantía de carácter transitorio por 18 meses (del 1° de enero de 2027 al 30 de junio de 2028). El mecanismo se calcula sobre la diferencia entre el gasto en personal homologable acumulado y la coparticipación acumulada en el semestre, con un tope global semestral equivalente al 7,8% de los recursos correspondientes a la participación provincial. Si el gasto salarial crece por encima de la evolución de referencia, un factor de variación y un factor de control (vinculado a la dotación promedio de 2025) limitan el cómputo para no premiar incrementos desproporcionados.


Asimismo, se crea el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, integrado por un representante del Poder Ejecutivo Provincial, uno por cada Municipio adherido y uno por el conjunto de las Comisiones de Fomento adheridas, todos con voz y voto. Entre sus funciones figuran:


* Verificar y actualizar los coeficientes de distribución secundaria y administrar un Portal Único de Datos Fiscales de acceso público y gratuito.


* Fiscalizar las declaraciones juradas mensuales, determinar la Garantía y las retenciones de seguridad social, y emitir dictamen previo y público sobre operaciones de endeudamiento provinciales o municipales.


* Elaborar, hasta el 31 de diciembre de 2027, un anteproyecto de nuevo régimen de coparticipación atado a competencias, servicios y funciones efectivamente prestados.


Seguridad social, SIRBRE y regularización de deudas

En materia previsional y de control, el proyecto crea el Sistema Integrado de Retenciones y Bases Remunerativas (SIRBRE) en la órbita de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), de uso obligatorio para los empleadores alcanzados y concebido como vía única de declaración jurada. A partir de esa información, la ASIP deberá habilitar un portal de consulta pública y gratuita para que cada trabajador o trabajadora estatal de la provincia, municipios o comisiones de fomento pueda verificar si se efectuaron en tiempo y forma sus aportes y contribuciones con destino a la CPS, la CSS y el ISPRO, e informar eventuales diferencias. Las retenciones de seguridad social se practicarán en origen con efecto cancelatorio sobre los períodos retenidos.


Respecto de las deudas acumuladas con la seguridad social anteriores al inicio del régimen, la propuesta dispone la extinción de pleno derecho de las obligaciones por contribuciones patronales y seguros a cargo del empleador, mientras que los aportes personales no prescriptos ingresarían a una moratoria en iguales condiciones para las jurisdicciones adheridas, consolidada sin intereses, recargos ni multas al día previo al inicio del régimen, con 12 meses de gracia y pago de cuotas mediante detracción de la coparticipación. También contempla reducciones transitorias de contribuciones patronales vinculadas al cumplimiento, la reconstrucción de historias laborales, el desistimiento recíproco de reclamos administrativos o judiciales en los términos fijados por la norma y un régimen de sanciones por incumplimientos destinado íntegramente a la seguridad social.

Plazos y adhesión de las localidades

El proyecto establece que los Municipios y Comisiones de Fomento deberán adherir mediante ordenanza o resolución dentro de los 60 días de promulgada la ley y, en todo caso, antes del 30 de noviembre de 2026. Quienes no adhieran no accederán a la Garantía ni al régimen de regularización de deudas, no integrarán el Consejo y continuarán regidos por las normas anteriores vigentes al 31 de diciembre de 2026, con la detracción del 20% con destino a la CPS sin efecto cancelatorio sobre sus obligaciones.

 
 
 

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