top of page
Foto del escritorSanta Cruz Nuestro Lugar

La autonomía universitaria también peligra en Santa Cruz

El pasado lunes, un grupo de policías armados y sin identificación ingresó ilegalmente a la sede universitaria de Caleta Olivia, Santa Cruz, tras la votación de la asamblea estudiantil que decidió la toma del edificio. Este hecho ha generado indignación y preocupación tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general ¿Por qué?

Bueno, porque la autonomía universitaria, consagrada en la Ley de Educación Superior Nº 24.521, establece que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden judicial previa y fundada o sin la solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. Este principio protege la independencia académica y garantiza un espacio libre para el debate y la expresión de ideas.


La irrupción de la fuerza pública provincial en la UNPA de Caleta Olivia para disolver una toma pacífica de estudiantes representa una grave violación a estos fundamentos. Diversos organismos de derechos humanos y entidades académicas han condenado enérgicamente este acto, calificándolo como un atropello a los derechos fundamentales y a la autonomía universitaria.


La intervención policial en un espacio universitario sin el debido proceso legal no solo es una violación de la ley, sino que también sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones. Este tipo de acciones puede erosionar la confianza en las instituciones y generar un ambiente de represión y censura en los espacios educativos. Por esto, la comunidad académica y la sociedad santacruceña deben mantenerse vigilantes y exigir el respeto a estos principios fundamentales.


Ahora bien, tras el ingreso de policías provinciales armados en la sede de la UNPA de Caleta Olivia, la Regional de Policía emitió un comunicado que dice, entre otras cosas, que lo hicieron basados en "información sobre un grupo numeroso de personas en el interior de las instalaciones con intenciones desconocidas". Este argumento es absurdo, ya que hay decenas de universidades tomadas en todo el país, hecho de conocimiento público.


Esta medida premeditada desde las sombras nos remite a precedentes lamentables de irrupciones de la fuerza pública en universidades. Recordemos la Noche de los Bastones Largos en 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando la policía ingresó violentamente a varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para desalojar a estudiantes y profesores que protestaban contra la intervención militar en las universidades.


Otro caso significativo ocurrió en la Universidad Nacional de Tucumán en 1976, durante la dictadura militar. La universidad fue intervenida y militarizada, y las fuerzas de seguridad ingresaron al campus, detuvieron a estudiantes y profesores, y muchos de ellos fueron desaparecidos.


En el contexto de la crisis económica y social de 2001, la policía ingresó a la Universidad Nacional de La Plata para reprimir una protesta estudiantil. La intervención fue violenta y resultó en varios heridos y detenidos, generando una fuerte condena por parte de la comunidad académica y organismos de derechos humanos.


Más recientemente, en 2018, la policía ingresó sin orden judicial al campus de la Universidad Nacional de Jujuy para desalojar a estudiantes que realizaban una toma pacífica en protesta por la falta de presupuesto y condiciones edilicias. Este suceso, al igual que el incidente en Caleta Olivia, subraya la necesidad de reformas profundas y un mayor control institucional para proteger los derechos humanos.


A esta altura, el querido lector de "Santa Cruz nuestro lugar" debe estar reflexionando sobre la desprotección ciudadana actual, considerando lo sucedido en Caleta Olivia y otras recientes calamidades. Entre ellas, el hallazgo de nueve armas, incluyendo un rifle con silenciador y armas de guerra, en la vivienda del Ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, y la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. Este escándalo, que involucró un arma registrada a nombre de Pedro Luxen, ministro de Gobierno de Vidal, obligó al Gobierno provincial a cambiar medio gabinete a solo 10 meses de haber asumido.

Por @_fernandocabrera

Entradas recientes

Ver todo

Comments


bottom of page