La democracia en peligro: habilitan a los militares a actuar como policías

El Gobierno Nacional, bajo la firma del ministro de Defensa Luis Petri, ha oficializado una medida que autoriza a las Fuerzas Armadas a detener civiles en situación de flagrancia en zonas de frontera. La noticia, que podría sonar en otros contextos como un refuerzo de seguridad, en Argentina representa un retroceso alarmante en materia de derechos constitucionales y una peligrosa ruptura del delicado pacto democrático que sostiene nuestra vida en común.

Recuerde el lector de "Santa Cruz nuestro lugar" que, desde 1983, la doctrina constitucional argentina ha sido clara: las Fuerzas Armadas tienen una misión estrictamente limitada a la defensa nacional frente a agresiones externas. La Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554), junto con la Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059), establece que la seguridad interior —que incluye la prevención y represión de delitos comunes— es una competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad y policiales, no de los militares.

La resolución recientemente firmada vulnera este principio básico. Aunque Petri intente revestirla de excepcionalidad (“solo en caso de flagrancia”), el hecho de que militares —entrenados para la guerra, no para el trato proporcional con civiles— puedan ahora privar de su libertad a personas dentro del territorio nacional rompe la separación entre defensa y seguridad interior que tanto costó construir tras la oscura noche de las dictaduras.

Además, bajo el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún habitante puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, salvo caso de delito in fraganti. Es cierto que la flagrancia permite detenciones sin orden judicial, pero históricamente este poder fue restringido a las fuerzas de seguridad específicamente capacitadas y controladas para tal función. Extender esta atribución a las Fuerzas Armadas abre una peligrosa zona gris en la protección de los derechos humanos, donde la falta de formación en tareas policiales puede derivar en abusos, arbitrariedades e incluso tragedias.

El argumento de Petri —“elijan de qué lado están”— expone la matriz ideológica de la medida: se busca dividir a la sociedad entre “buenos” y “malos”, reduciendo toda crítica fundada en la Constitución a una supuesta defensa de delincuentes. Este planteo maniqueo ignora que la esencia del estado de derecho es garantizar los derechos incluso (y sobre todo) a quienes son sospechosos o acusados de delitos. El respeto a las garantías constitucionales no es un capricho, es el cimiento de la democracia.

Comparar esta decisión con lo que ocurre en otros países también es falaz. Estados Unidos, citado como ejemplo, tiene marcos legales distintos, un sistema federal diferente y enormes problemas de violencia policial y militarización que Argentina no debería emular.

La medida, aunque acotada en sus términos, instala un precedente gravísimo: que los militares pueden actuar como policías. Y cuando esto ocurre, la historia argentina nos recuerda que el resultado no es mayor seguridad, sino mayor violencia institucional.

El Congreso, los jueces y la ciudadanía deben actuar. No se trata solo de un tecnicismo jurídico. Se trata de defender los principios que hacen que el poder no pueda volverse arbitrario. De lo contrario, no será extraño que mañana, en nombre del “orden”, los tanques estén en las calles otra vez.

Por @_fernandocabrera