Una vecina indicó en redes sociales que afuera de una residencia privada ubicada en calle Brasil 215, un adulto mayor se encontraba herido y al buscar ayuda dentro de las instalaciones “nos encontramos con un montón de abuelitos en estado de abandono total”. Lo que motivó el accionar de áreas provinciales y municipales, dando como resultado la detección de una posible vulneración de derechos de los residentes.
“¡Alguien sabe, quien está a cargo o de quien depende el geriátrico que se encuentra en Brasil 215? Hace una hora encontré a un abuelito tirado en la vereda, producto de la escarcha. El señor tenía la ceja abierta y la nariz sangrando, como pude lo ayudé a pararse y después me ayudó un chico que pasaba caminando. Le pregunté donde vivía y me señaló el lugar que mencioné más arriba. Me prendí al timbre por 15 minutos aproximadamente y nadie apareció!” comenzó relatando la comprometida vecina en grupos de Facebook.
Más adelante detalló, “Empujamos la puerta y nos encontramos con un montón de abuelitos en estado de abandono total. Nadie apareció a recibir a este señor lastimado, solo otro abuelito que a gatas caminaba” expuso y agregó “en el momento llame a la policía, a emergencias y obvio nadie apareció. Al rato volví porque me quedé intranquila y el señor estaba con un supuesto familiar que me dijo que ya lo había llevado al médico, pero el señor seguía lleno de sangre en su rostro. No es la primera vez que pasa algo en ese lugar, cada tanto suelen escarpase los abuelitos”, lamentó.
Rápidamente el relato de la joven se viralizó en las redes sociales y la misma vecina actualizó la información dando cuenta de la intervención estatal por parte de la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores y de la Municipalidad de Río Gallegos en el lugar para resguardar la integridad física de las personas que allí residen.
En ese marco, el gobierno provincial confirmó que realizó una evaluación sanitaria de los titulares, condiciones de habitabilidad y de alimentación. Luego de escuchar a los protagonistas y entender la profundidad de la situación, se labraron las actas correspondientes a fin de certificar las irregularidades y solicitar al municipio local la clausura del espacio organizando el traslado de todos los titulares de derechos a dispositivos convivenciales que reúnan las condiciones necesarias para garantizar sus derechos.
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