Más que medallones de merluza: el decomiso que encapsula la guerra política en Santa Cruz

Un Estado que exige a otros lo que él mismo no cumple. ¿Puede un gobierno provincial ignorar las leyes locales mientras demanda obediencia absoluta de ciudadanos y empresas? La destrucción de productos de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU no es solo un caso bromatológico: es el reflejo de una grieta institucional que debilita el principio de legalidad y la confianza pública. Una colisión de lógicas donde el «cumplir la ley» parece ser una exigencia selectiva.

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El decomiso y posterior destrucción de productos de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU en un comercio de Río Gallegos trasciende la anécdota bromatológica. Es la fotografía clara de una grieta institucional, donde el gobierno provincial, que demanda a ciudadanos y empresas una adhesión estricta a la ley, opera bajo un principio diferente para sí mismo. Su defensa —argumentar que la autorización nacional de SENASA es un salvoconducto para ignorar las ordenanzas locales— no es solo un error normativo. Es un acto de torpeza política y una abdicación de la responsabilidad fundamental del Estado: dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley.

El núcleo del conflicto legal es la colisión de dos lógicas. La provincia y su empresa se escudan en la competencia exclusiva del SENASA sobre productos de origen animal, tildando de «error sustancial» la exigencia municipal de registros como el RNE y RNPA.

Esta postura, sin embargo, desconoce el sistema federal. La habilitación nacional es la base, pero no anula la potestad de los municipios de controlar el comercio en su ejido y exigir, como lo hace Río Gallegos a través de su Ordenanza N° 3991, que toda mercadería se presente en el Puesto Sanitario de ingreso con la documentación correspondiente. La evasión de este filtro obligatorio es lo que explica la secuencia de los hechos: si la empresa hubiera seguido el procedimiento, las irregularidades —ausencia de acta de ingreso y problemas de rotulado— se habrían detectado y resuelto en el acceso a la ciudad, no días después en un local.

La cronología alimenta la lectura política. La inspección y el decomiso se produjeron apenas 24 horas después del anuncio público de venta de los productos, generando la acusación de «celeridad selectiva». La empresa alega, además, un trato desigual, señalando que productos idénticos se comercializan en otras cadenas sin intervención. El municipio, por su parte, sostuvo que actuó ante fallas graves que configuran un riesgo, aunque las actas no detallaran contaminación. Este cruce de versiones transforma los filetes de merluza en un botín de una pulseada mayor entre el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Grasso, en un conflicto que arrastra acusaciones de ahogo financiero y mala gestión.

La destrucción final de los alimentos no fue una ocurrencia arbitraria de los inspectores. Fue la consecuencia extrema de aplicar la normativa al pie de la letra ante lo que se consideró una infracción gravísima: la evasión del control primario sumada a fallas que imposibilitan garantizar la trazabilidad y seguridad del producto. Para la empresa, fue la destrucción de alimentos aptos por un error de interpretación. Para la autoridad local, fue la aplicación necesaria del protocolo para impedir que mercadería irregular llegara al consumo.

El daño mayor de este episodio, sin embargo, no está en la pérdida del pescado. Está en el golpe al principio de legalidad y a la confianza ciudadana. Un Estado que no da el ejemplo de cumplir escrupulosamente todas las leyes —nacionales, provinciales y municipales— pierde la autoridad moral para exigirle nada a sus ciudadanos. La «torpeza provincial» no fue solo un error técnico; fue un fracaso cívico. La provincia, en el fondo, necesita entender que su derecho a actuar no es a hacer lo que le plazca, sino a dar el ejemplo. Y en este caso, el ejemplo que dio fue el de la incoherencia.

Por Juan Manuel Saborido | ADN24Digital