El gobierno argentino ha tomado una decisión que redefine el vínculo entre el poder ejecutivo y el Congreso: un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin intervención legislativa.
Este movimiento plantea interrogantes de fondo sobre la institucionalidad democrática y la sostenibilidad financiera del país.
En primer lugar, el carácter de “necesidad y urgencia” es, como mínimo, cuestionable. El Congreso está en funcionamiento, lo que invalida cualquier justificación basada en una parálisis legislativa. Pero más grave aún es la exclusión del Parlamento del debate sobre un acuerdo que compromete recursos futuros y condiciona la política económica. La deuda externa, históricamente, ha sido un eje central de las crisis argentinas, y este nuevo pacto con el FMI no es una excepción.
El trasfondo de la medida es evidente: el gobierno busca dólares para contener el tipo de cambio, sosteniendo una apreciación artificial del peso. Los datos del primer mes del año son elocuentes. La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 1.700 millones de dólares. En paralelo, la intervención en el mercado cambiario fue feroz: el jueves 6 de febrero, el volumen operado en bonos clave ascendió a 260 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del esfuerzo por controlar las cotizaciones paralelas.
"¡Pero la cuestión central es la deuda!", pensará el criterioso lector de "Santa Cruz nuestro lugar" ante la narrativa oficial de que el Tesoro tomará nuevos compromisos para cancelar letras intransferibles con el Banco Central, procurando que el impacto patrimonial sea neutro ¡Y claro! todo el mundo puede darse cuenta de que la realidad es otra: se está reemplazando una deuda interna, refinanciable dentro del sector público, por una con un organismo internacional que impone condiciones de política económica aún desconocidas.
El decreto no solo redefine el margen de maniobra del Congreso; también sienta un precedente peligroso sobre la capacidad del gobierno de comprometer recursos nacionales sin debate democrático. En una economía con escasa autonomía financiera, cada decisión de este tipo profundiza la dependencia externa y limita la soberanía económica. Ahora bien, la pregunta, entonces, no es solo si la deuda aumentará, sino quién decidirá sobre ella y con qué costos para el futuro del país.
Por @fernandocabrera
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