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Ponce cruzó a Leguizamón por el traslado de personal, el malestar hacia su gestión y la negativa a reconocer a APEL: "Las gestiones son transitorias"

Foto del escritor: Santa Cruz Nuestro Lugar
Santa Cruz Nuestro Lugar
8 ago
3 min de lectura

La diputada por el pueblo de 28 de Noviembre volvió a marcar distancia de la conducción de la Cámara de Diputados. Cuestionó la falta de diálogo con los trabajadores, denunció traslados arbitrarios y recordó iniciativas pendientes contra la violencia laboral.

En una nueva muestra de las profundas rispideces que atraviesan a la Legislatura provincial, la diputada por el pueblo de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, emitió este miércoles un duro pronunciamiento en el que cuestionó con firmeza las decisiones y el estilo de gestión del vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón.


Lejos de mermar las diferencias que ya se habían manifestado en cruces previos, Ponce puso el foco en la conflictividad gremial y exigió un cambio radical de postura institucional frente a los empleados legislativos.


El reclamo por la legitimidad de APEL

El eje central del reclamo de la legisladora radica en la urgente necesidad de reconocer formalmente a la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL) como el sindicato que nuclea legítimamente a la mayoría de los trabajadores de la casa, un respaldo que quedó de manifiesto —según remarcó— en los recientes comicios internos del sector.


"Este nivel de adhesión a la nueva Comisión Directiva expresa con claridad el malestar existente sobre la gestión de Leguizamón y exige una respuesta acorde, basada en la responsabilidad institucional y la apertura al diálogo", sostuvo Ponce en su misiva.

En la misma línea, la diputada interpeló directamente al titular de la Legislatura provincial a dejar de lado los cortocircuitos personales con la conducción gremial: "Entiendo necesario dejar de lado las diferencias de carácter personal con el actual Secretario General y priorizar el rol que la investidura demanda al Vicegobernador de nuestra provincia", aseveró.


Proyectos cajoneados

No es la primera vez que Ponce advierte sobre situaciones de tensión puertas adentro del recinto. En esta oportunidad, la representante de 28 de Noviembre reiteró sus advertencias respecto a hechos de violencia institucional que, asegura, afectan de manera sistemática a la planta de trabajadores desde el inicio de la actual administración.


Para frenar esta situación, recordó que su espacio impulsó dos herramientas legales fundamentales que continúan sin tratamiento:

* **La modificación de la Ley 1958**, correspondiente al Estatuto del Empleado Legislativo.

* **La creación de un protocolo de actuación** específico para abordar situaciones de violencia laboral y por razones de género.


Pese a la gravedad de los planteos, la legisladora lamentó que estas iniciativas "aún no han sido tratadas en comisión ni consideradas como un asunto prioritario en el ámbito legislativo".


Preocupación por los traslados de personal

Otro de los puntos críticos señalados en el comunicado refiere al desplazamiento y traslado de trabajadores legislativos fuera del ámbito natural de la Honorable Cámara de Diputados.


Para la legisladora, este tipo de medidas unilaterales no solo vulneran las condiciones laborales básicas del personal, sino que además atentan contra la identidad institucional y el sentido de pertenencia, debilitando de forma directa el normal funcionamiento del Poder Legislativo.


"Las gestiones son transitorias"

Cerrando su exposición, Ponce dejó una fuerte definición política sobre el rol de la administración pública frente a sus empleados de carrera, marcando los límites de los mandatos circunstanciales frente al valor del personal permanente.


"Las gestiones son transitorias, pero las y los trabajadores constituyen el sostén permanente de la institución", sentenció. Por ello, exigió garantizar condiciones dignas, recomponer los canales de diálogo y devolver previsibilidad a una carrera legislativa que, según advirtió, se encuentra seriamente perjudicada desde diciembre pasado.

 
 
 

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