En la Patagonia argentina, el agua es un recurso tan valioso como escaso en otras partes del mundo.
Ríos y lagos que nacen del deshielo nutren la vida de la región y representan una reserva estratégica de agua dulce en el planeta. Sin embargo, lejos de proteger estos bienes naturales, los gobiernos provinciales han optado por ceder el estudio y control de sus cuencas hídricas a Mekorot, la empresa estatal israelí señalada por Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos en Palestina.
Santa Cruz es una de las provincias que forma parte de las denominadas "Provincias Unidas del Sur", un bloque que ha consolidado acuerdos con Mekorot en un marco de opacidad. Lo alarmante no es solo la falta de transparencia en estos convenios, sino el precedente que sienta en un territorio donde los extranjeros tienen prohibido constitucionalmente comprar tierras. No obstante, mediante testaferros o mecanismos poco claros, capitales foráneos logran hacerse con el dominio de recursos estratégicos.
La polémica crece cuando se observa el símbolo que identifica a este grupo de provincias: una estrella de seis puntas, idéntica a la de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y al emblema del Estado de Israel. Más que una coincidencia, este detalle refuerza la percepción de un alineamiento político y económico con intereses israelíes, en detrimento de la soberanía sobre los recursos naturales.
Mientras en Palestina Mekorot impone restricciones hídricas a la población civil, en la Patagonia se le otorga acceso a información vital sobre los acuíferos locales. Es una ironía cruel: una empresa acusada de privar a un pueblo de su derecho básico al agua recibe la llave de las reservas argentinas. Organizaciones sociales y ambientales han alzado la voz contra esta situación, pero las autoridades provinciales, lejos de dar explicaciones, refuerzan sus lazos con la compañía israelí.
La entrega de los recursos acuíferos no es un hecho aislado; responde a una política de desprotección y extranjerización de la tierra que se viene profundizando en la región. Si los gobiernos locales continúan priorizando intereses foráneos sobre el bienestar de sus comunidades, el agua de la Patagonia podría dejar de ser un bien común para convertirse en una mercancía en manos de corporaciones sin escrúpulos.
Sepa el lector de "Santa Cruz nuestro lugar" que si tira más del ovillo, llegará a los círculos más íntimos del presidente de la nación; ya que el avance de Mekorot en la Patagonia no puede entenderse sin analizar las redes de poder económico que operan en nuestro territorio. Uno de los nombres que resuena con más fuerza en este entramado es el de Eduardo Elsztain, empresario de fuerte vinculación con capitales israelíes y dueño de vastas extensiones de tierra en Argentina, incluyendo más de 100.000 hectáreas en Santa Cruz.
Su imperio abarca desde centros comerciales hasta hoteles de lujo y espacios estratégicos como La Rural, pero es en la posesión de tierras donde su figura cobra mayor relevancia. Con activos en provincias clave, su influencia se extiende sobre territorios ricos en recursos naturales, donde la extranjerización avanza bajo el amparo de gobiernos como el nuestro que firman acuerdos sin consultar a la ciudadanía.
La relación de Elsztain con el presidente Javier Milei no es menor. Durante su campaña, el mandatario se hospedó en el Hotel Libertador, una de las joyas del magnate. Este vínculo sugiere un alineamiento entre el poder político y los intereses corporativos, un panorama que podría explicar por qué la entrega de los recursos hídricos a Mekorot no ha generado el escándalo que merece.
Si bien algunos celebran la destreza empresarial de Elsztain, otros advierten que su expansión no responde solo a una visión de negocios, sino a una estrategia más amplia de control sobre los recursos del país. La pregunta clave es: ¿cuánto más avanzará esta mierda antes de que la sociedad tome conciencia de lo que está en juego?
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