Se le vino la noche: procesaron a Julio Gutiérrez y le clavaron un embargo de $250 palos

Se le vino la noche a Julio Norberto Gutiérrez. La Justicia Federal lo procesó y le metió un embargo de 250 millones de pesos que lo dejó contra las cuerdas. El fallo salió el 19 de diciembre de 2025 desde el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín y lo señala como uno de los responsables de una maniobra pesada vinculada al manejo de fondos sindicales. El ex ministro de Trabajo de Santa Cruz, hoy diputado del PARLASUR, quedó formalmente imputado y con el bolsillo congelado hasta nuevo aviso.

La causa arrancó por una denuncia de la empresa SECAR Security Argentina S.A., que acusa a la conducción de la UPSAP de haberse quedado, presuntamente, con más de 720 millones de pesos en aportes sindicales correspondientes a 234 trabajadores entre 2018 y 2022. Según el expediente, la guita nunca llegó a donde tenía que llegar y todo se habría armado con papeles truchos, actas dibujadas y reclamos que no cerraban por ningún lado.

La investigación empezó el 5 de septiembre de 2024 y no pegó solo en Gutiérrez. Junto a él también fueron procesados el abogado Julio César Núñez y el vigilador privado Juan Marcelo Soria. A los tres les clavaron el mismo embargo preventivo de 250 millones de pesos, señal clara de que el juzgado considera que el daño económico denunciado es enorme y que hay riesgo real de que no aparezca la plata si no se asegura ahora.

Para la Justicia, Gutiérrez sería coautor de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos ideológicamente falsos. Traducido al idioma de la calle, la sospecha es que se presentaron documentos falsos en expedientes judiciales y administrativos para confundir al juez y sacar resoluciones que perjudicaran a la empresa denunciante. En este tipo de estafa el engañado directo no es la víctima, sino el magistrado, y eso lo vuelve todavía más grave.

Núñez aparece como el cerebro legal de la movida. Como abogado, conocía el circuito, los tiempos y las formas, y habría sido clave para darle apariencia de legalidad a documentos que hoy la Justicia considera truchos o adulterados. Su rol, lejos de aliviarlo, le suma responsabilidad por el conocimiento técnico que tenía para armar la maniobra.

Soria, en tanto, figura como el que ponía la cara en los papeles. Vigilador privado, habría firmado o intervenido en la documentación cuestionada para hacer pasar como legítimos actos internos del sindicato que ahora están bajo la lupa. Sin su participación, según el juzgado, la maniobra no cerraba.

Además del procesamiento y el embargo, el juez le impuso a Gutiérrez la obligación de someterse al proceso y no entorpecer la investigación. Nada de jugar a las escondidas ni embarrar la cancha. El mensaje fue claro: esto va en serio y no hay margen para avivadas.

Ahora las defensas de los tres procesados pueden apelar ante la Cámara Federal e intentar dar vuelta la decisión, alegando que todavía no hay pruebas suficientes o que no existió delito. Mientras tanto, el expediente sigue su curso y el panorama para Gutiérrez pinta cada vez más complicado. La historia está lejos de cerrarse, pero el golpe judicial ya está dado y no es menor.

Buenos muchachos

Porque la memoria es frágil, este humilde redactor le recuerda al buen lector de "Santa Cruz nuestro lugar" un episodio que muchos prefirieron hacer pasar como anécdota. Esto pasó en Río Gallegos, no en una serie de ficción ni en un pueblo perdido, sino en la capital provincial, a plena luz del bochorno político. Y hoy, con causas que avanzan y nombres que reaparecen, conviene recordarlo sin maquillaje.

Allá por septiembre del año pasado, en Río Gallegos, medio gabinete quedó pagando después de un choque bastante desprolijo que terminó en fuga y refugio VIP. Un funcionario provincial estampó su camioneta contra una agencia de lotería, salió disparando y fue a esconderse, como quien va a lo de un amigo de toda la vida, a la casa del entonces ministro de Trabajo Julio Gutiérrez y de Iris Rasgido, titular del Consejo Provincial de Educación. Hasta ahí, ya era raro. Lo que vino después directamente fue un sketch.

En una entrevista radial que levantó temperatura, se aseguró que las armas encontradas en esa casa no eran ni de caza ni de colección. Según se dijo al aire, eran armas de guerra, y para que el combo cierre con moño, estarían a nombre del diputado Pedro Luxen. No un primo lejano ni un desconocido: un diputado provincial. Todo dicho con total naturalidad, como quien comenta que dejó el auto mal estacionado.

En la charla participaron un ex comisario y un hombre que asegura haber sido parte de fuerzas federales durante más de veinticinco años, hoy reconvertido en CEO de una granja avícola. El mismo afirmó que al allanamiento no entraron policías comunes, sino jefes pesados. O sea, no fue un procedimiento de rutina: fue un “acá pasa algo serio”. Y aun así, el tema se diluyó más rápido que promesa de campaña.

El contexto suma más condimento. En el vehículo que protagonizó el choque viajaban otros dos empleados del Ministerio de Gobierno, en evidente estado de ebriedad y, casualmente, armados con escopetas calibre 22. Borrachos, armados, chocados y refugiados en la casa de un ministro. Una postal que no necesita exageración.

Como frutilla del postre, también circuló la versión —escuchada por testigos— de que dentro de la casa había dinero, mucho dinero, y, atención al detalle que ya es parte del folclore local, muchísimos caramelos “Media Hora”. Sí, caramelos. Montones. Una escena tan surrealista que ni el guionista más osado se animaría a escribirla, pero que en Río Gallegos parece haber pasado sin mayores explicaciones.

La entrevista que reavivó todo esto salió en el marco de otra bomba: el mismo entrevistado denunciaba haber judicializado una causa contra el Estado provincial por el presunto robo de su proyecto avícola y pedidos de coima incluidos. Según su relato, presentó una iniciativa productiva, pidió financiamiento y la respuesta habría sido un pedido de cien millones. El proyecto, casualmente, hoy estaría funcionando bajo otra bandera, en tierras que supieron ser de Austral Construcciones. Pura coincidencia, obvio.

Mientras ese reclamo sigue su curso, se empezaron a ventilar otras historias que nadie aclaró jamás: la procedencia real de las armas, por qué estaban ahí, de quién eran y qué hacían en la casa de un ministro. Ni la Justicia, ni el gobernador, ni los protagonistas principales dieron explicaciones que cerraran el tema. Silencio total, como si nada hubiera pasado.

Hoy, con procesamientos, embargos millonarios y viejos nombres volviendo a escena, aquel episodio en Río Gallegos ya no suena tan menor. Capaz no eran tan buenos muchachos. O capaz sí, pero de esos que siempre creen que todo queda entre amigos, plata en efectivo y una montaña de caramelos Media Hora. Hasta que el archivo se despierta y te pasa la factura.

Por @_fernandocabrera