Violencia laboral en la Legislatura: Pasó la primera comisión por mayoría el proyecto que trata la prevención, abordaje y erradicación

En la Comisión de Asuntos Constitucionales, obtuvo antedespacho por mayoría el proyecto de resolución orientado a aprobar un marco normativo específico para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia laboral en el Poder Legislativo. Sin embargo, los legisladores optaron por no darle tratamiento durante la Comisión de Desarrollo Social por lo que permanecerá en ese ámbito para ser analizada con mayor profundidad técnica.

La iniciativa, impulsada para garantizar entornos de trabajo libres de hostigamiento y discriminación, cosechó los votos afirmativos de los legisladores Lorena Ponce (autora del proyecto), Eloy Echazú, Piero Boffi y Pedro Muñoz. En tanto, la votación registró la abstención de la diputada Fabiola Loreiro y la negativa por parte de Adriana Nieto López y Luis Gallardo.

El texto prevé la creación de la Comisión de Bienestar Laboral, un órgano interdisciplinario concebido para evitar la discrecionalidad administrativa, integrado por un representante de Recursos Humanos, el médico laboral, un delegado del Ministerio de Trabajo y un representante de la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL) —de cuyas deliberaciones y seguimiento participan activamente el secretario general, David Catrihuala, y la secretaria adjunta, Layla Gironi—, asegurando un estricto equilibrio técnico, legal y sindical en la salvaguarda de los trabajadores.

Asimismo, la normativa introduce un catálogo preciso de tipificación de conductas punibles que abarca desde la agresión física y el acoso sexual hasta el maltrato psíquico, la violencia de género y el ciberacoso. A su vez, el proyecto blinda el procedimiento mediante estrictos principios rectores que garantizan la reserva absoluta de identidad, la gratuidad, la no revictimización y una protección efectiva contra represalias a través de la inversión de la carga probatoria, canalizando las denuncias en sobre cerrado hacia la Secretaría General para dar inicio a sumarios administrativos y sanciones disciplinarias estipuladas en el Estatuto del Personal Legislativo.