¿Caro o barato?: Elmiger fue tajante en cuanto al endeudamiento de 600 millones de dólares trasladando la presión a la Legislatura

La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, reavivó la centralidad del proyecto de financiamiento internacional al afirmar de forma categórica que la Cámara de Diputados se encuentra ante una disyuntiva de costos: decidir si la provincia se endeuda "caro o barato". Desde la administración central defienden que la emisión en moneda extranjera ofrece tasas ostensiblemente menores (entre el 6% y el 9,75%) frente a las insostenibles tasas en pesos del mercado interno, que promedian entre el 28% y el 60%.

El argumento oficial se sostiene sobre una base de realismo estructural innegable: Santa Cruz acarrea un déficit habitacional, energético y de saneamiento de larga data, sumado al escenario actual de congelamiento salarial. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo busca la autorización para contraer obligaciones financieras por hasta 600 millones de dólares, destinados taxativamente —según prohíbe la ley de responsabilidad fiscal para gastos corrientes y salarios— a obras de infraestructura clave. Entre ellas destacan la provisión definitiva de agua para Caleta Olivia, redes cloacales, la optimización de las plantas de ósmosis de Puerto Deseado y la interconexión eléctrica de zonas aisladas como Los Antiguos y Perito Moreno; esta última, con un ahorro proyectado para Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de unos 2.000 millones de pesos mensuales.

"El futuro se hipotecó cuando durante años no se hicieron las obras que la provincia necesitaba. Los diputados deben decidir si nos endeudamos caro o barato; en pesos el interés es prohibitivo, mientras que en dólares la provincia tiene el respaldo de sus regalías", sostuvo Belén Elmiger, Ministra de Gobierno.

La Provincia argumenta contar con "capacidad de pago genuina" debido a que sus ingresos por regalías petroleras y mineras están dolarizados. Sin embargo, depender exclusivamente de los recursos del subsuelo expone las finanzas públicas a una doble vulnerabilidad: la oscilación internacional de las commodities y, fundamentalmente, la volatilidad cambiaria de la República Argentina.

La historia económica del país demuestra que los compromisos provinciales nominados en moneda extranjera actúan como armas de doble filo. En periodos de estabilidad aparente o retraso cambiario, las cuotas de amortización resultan viables. No obstante, ante eventuales e imprevistas devaluaciones del peso —un fenómeno recurrente en la macroeconomía argentina—, el costo en moneda local para cancelar el capital y los intereses de una deuda en dólares tiende a multiplicarse exponencialmente. Bajo ese escenario, la brecha de ventajas de una "tasa barata" en dólares se diluye de inmediato, transformándose en una pesada carga para las futuras gestiones del Tesoro provincial.

Endeudarse en dólares presupone un escenario macroeconómico predecible, una condición ausente en el mapa financiero nacional. Si bien las regalías ingresan bajo ecuación dólar, los descalces de plazos y las presiones del gasto público corriente (salarios, salud y educación, fuertemente condicionados por la inflación en pesos) pueden obligar al Estado provincial a elegir entre sostener los servicios básicos o cumplir con los tenedores de bonos extranjeros, limitando severamente la soberanía financiera de Santa Cruz, foco argumentativo firme de la oposición santacruceña.

La administración de Claudio Vidal asume el desafío político bajo la premisa de reactivar la obra pública para dinamizar el empleo y modificar la matriz productiva, cuestión sumamente compleja a solo un año y medio del final del mandato y con apenas un 15% de acompañamiento en las últimas elecciones.