Condenan al Ministerio de Economía a blanquear el acuerdo entre Milei y el FMI

El Juzgado Federal de Dolores le tiró un baldazo de agua fría a Luis “Toto” Caputo y su tropa: en menos de una semana tienen que entregar el expediente completito del DNU 179/2025, ese con el que el Gobierno se clavó un préstamo de 20 mil palos verdes con el FMI. La movida no salió de la nada, fue gracias al amparo que metieron Francisco Verbic, la CAIP y el CELS, que venían hinchando para que se sepa qué se cocinó en esos pasillos.

La sentencia no da lugar a chamuyo: Economía se limpió el tuje con la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275). Y encima, en lugar de entregar los papeles, se la pasaron bicicleteando: primero aceptaron el pedido, después pidieron prórroga para hacer tiempo y, cuando ya no tenían escapatoria, se hicieron los dolobus y mandaron el trámite por una vía administrativa más trabada que semáforo en hora pico. El juez les tiró con munición gruesa: loco, acá hay una ley de la democracia que manda, y se caga de risa de las normas de la dictadura que quieren usar para zafar.

La decisión no es joda: el derecho a la información es la herramienta para que la gente controle qué carajo hace el Estado con guita que después pagamos todos. Y si encima estamos hablando de un crédito monstruoso con el Fondo, el secretito no va más.

La 27.275 no se negocia

El juez marcó la cancha: la Ley 27.275 pisa más fuerte que cualquier reglamento viejo. La actitud de Economía, dijo, fue como meter la mano en el bolsillo de la gente y encima decirle que no pregunte nada. Para colmo, el DNU ni explica bien por qué ni en qué condiciones nos metieron en semejante endeudamiento.

La Corte Suprema ya lo había aclarado: la info pública no es del Estado, es del pueblo. No hace falta justificar nada para pedirla, es un derecho básico. O sea: todo lo que hace el Estado arranca siendo público, salvo casos muy contados.

Así que la cosa está clara: Caputo tiene que dejar de hacerse el gil y largar todo lo que firmó con el Fondo. Basta de secretos de oficina.

En definitiva, el juez lo puso en blanco sobre negro: el préstamo lo vamos a pagar entre todos, entonces todos tenemos derecho a ver qué carajo firmaron. Fin del misterio.

Por @_fernandocabrera