Crisis en el CEFyAP Nº 1: Cierran cursos, despiden docentes y ponen en riesgo la formación de cientos de santacruceños

Trabajadores y alumnos del Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional (CEFyAP) Nº 1 de Río Gallegos denunciaron el vaciamiento sistemático de la institución a partir del cierre de cursos y el despido de la mayoría de sus docentes. La medida no solo paraliza la continuidad de proyectos educativos, sino que amenaza el futuro laboral de cientos de vecinos que encontraban en esta escuela pública gratuita la posibilidad de capacitarse.

Lo más grave es que, mientras el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) confirmó a medios locales que los fondos para garantizar la continuidad de los programas fueron girados, el Gobierno provincial aún no rindió cuentas sobre el destino de esas partidas. La falta de transparencia y de gestión pone en evidencia una desidia oficial que golpea directamente a la comunidad educativa.

Los CEFyAP forman parte de la red nacional de Educación Técnico Profesional (ETP). Su misión es la formación continua de docentes, instructores, técnicos y la capacitación abierta a la comunidad. Pero en Santa Cruz, lejos de fortalecerse, hoy atraviesan un proceso de debilitamiento: se cierran cursos, se despide personal y se restringen oportunidades educativas en localidades de toda la provincia.

El caso de Río Gallegos es el más crítico. Con la reciente desafectación de seis docentes —más de la mitad de la planta— el centro quedó prácticamente desmantelado, lo que deja a más de 800 estudiantes sin posibilidades de capacitación. A esto se suma la decisión unilateral de no abrir 21 de los 25 cursos previstos para este semestre, entre ellos oficios claves como Electricidad, Energías Renovables, Panadería, Mecánica de Motos, Soldadura, Carpintería y Seguridad e Higiene.

El CEFyAP Nº 1 no es una institución cualquiera. Con 47 años de trayectoria, ha sido un pilar en la formación de técnicos y profesionales que hoy sostienen sectores estratégicos de la economía santacruceña. Además, cumple un rol social fundamental: abre sus puertas a personas con discapacidad, jóvenes de bajos recursos y privados de la libertad, brindando herramientas concretas para la inclusión.

El vaciamiento denunciado por trabajadores y estudiantes no es solo un problema administrativo: es una decisión política que golpea la educación pública, atenta contra el derecho a la formación y condena a cientos de santacruceños a perder oportunidades laborales.

Con información de TiempoSur.