Duros cuestionamientos y controversias generan turbulencia en la Secretaría de Pesca: ¿Dimisión en puerta o pasa la tormenta?

La titular de la Secretaría de Pesca de Santa Cruz, Steffy Grant, se encuentra bajo un intenso escrutinio por su desempeño institucional, el cual ha derivado en un clima de tensión política y administrativa. Su gestión, que debía aportar estabilidad, ha generado controversias que ponen en duda su permanencia en el cargo.

Steffy Grant fue designada con la expectativa de ser una figura pacificadora dentro de una administración con conflictos preexistentes y con la misión de reorganizar un sector estratégico como el pesquero. Se esperaba que su liderazgo introdujera orden y previsibilidad.

No obstante, en un breve lapso, su desempeño se ha caracterizado por un cúmulo de roces con actores clave del sector, incluyendo armadores, trabajadores, cooperativas y líderes políticos locales. Esta situación ha culminado en un escenario de crisis que, según diversas fuentes, ha erosionado el respaldo político a su figura.

La controversia escaló significativamente a raíz de una publicación en una plataforma de mensajería instantánea el día 1 de diciembre. El contenido de este mensaje, atribuido a la funcionaria, expresaba un marcado descontento con el surgimiento de nuevas cooperativas y concluía con una frase sobre una supuesta "justicia divina":

* “Otra cooperativa en Deseado… para una planta”

* “Cooperativas que están lejos de ser una oportunidad para la gente…”

* “No se puede ser tan miserable en esta vida!”

* “Pero existe una justicia divina…”

La referencia final fue interpretada por muchos en el sector como una alusión inaceptable a la salud de un reconocido empresario pesquero, lo que se consideró una grave falta al decoro y a la ética que debe observar un funcionario público. La rápida difusión del mensaje provocó una ola de indignación entre empresas, sindicatos y miembros de la propia estructura gubernamental.

Desde el inicio, la gestión de Grant ha mantenido una posición crítica y abiertamente hostil hacia el modelo de cooperativas, a las que señaló públicamente como:

* Instrumentos de elusión fiscal.

* Promotoras de condiciones laborales deficientes.

* Una forma "miserable" de organizar la actividad productiva.

Este enfoque ideológico ha generado un profundo quiebre con la realidad social de zonas como Puerto Deseado, donde las cooperativas representan un salvavidas laboral para numerosas familias en un entorno económico precario. El cuestionamiento frontal a este esquema no solo intensificó la crisis social, sino que también evidenció una desconexión de la funcionaria con el tejido productivo y social del territorio que debía gestionar.

A las críticas por el manejo de las relaciones institucionales se suma la preocupación por la toma de decisiones técnicas en la autorización de actividad pesquera. Se ha señalado que la Secretaría concedió permisos de pesca excepcionales a armadores que carecían de la infraestructura mínima necesaria, como plantas de procesamiento propias o acuerdos de descarga definidos, y que no presentaron las garantías necesarias para asegurar el destino de la captura.

Este proceder ha resultado en una falta de planificación operativa, con embarcaciones habilitadas sin un lugar claro para la descarga, provocando un desorden logístico inusual y generando perjuicios económicos directos al sector. Para inspectores, trabajadores y otros dirigentes, estas decisiones son una clara señal de la falta de experticia técnica requerida para la conducción de un área tan especializada.

La tensión se venía acumulando, y una reunión previa con ediles, en la que la funcionaria reiteró sus ataques al sistema cooperativo, no hizo más que preludiar el impacto del mensaje viral. Este último evento ha sido catalogado como el punto de no retorno.

Dentro del ámbito del gobierno provincial, se considera ampliamente que la situación de Steffy Grant es insostenible. Múltiples fuentes del sector pesquero sugieren que la renuncia es inminente o ya se ha presentado, aunque la confirmación oficial sigue pendiente.

La llegada de la funcionaria, concebida para poner orden en las disputas internas, ha tenido el efecto contrario: multiplicar los focos de conflicto, profundizar el desgaste institucional y heredar una crisis política que ahora recae sobre la máxima autoridad provincial.