El gobierno provincial cierra el Ministerio de Salud, denuncia ataque violento y advierte presentación judicial

El gobierno provincial ha comunicado el cierre del Ministerio de Salud y Ambiente durante el fin de semana, justificándolo como una medida de seguridad tras un presunto "ataque violento" de trabajadores "autoconvocados". Sin embargo, esta versión oficial parece ser un intento de desviar la atención de los problemas de fondo que subyacen a la protesta: la falta de respuesta del Estado a las demandas salariales, las deficientes políticas de salud integral y la crítica escasez de insumos en los centros de atención.

El comunicado oficial describe la manifestación como un acto de "violencia e intimidación", centrándose en el supuesto asedio a la ministra y el personal. Se pinta a los manifestantes como agresivos y antidemocráticos, y se cuestiona la legitimidad de sus reclamos al sugerir que tienen "intereses políticos" detrás.

Esta narrativa, sin embargo, omite el contexto.

La protesta no surge de la nada. Es la culminación de meses —o incluso años— de promesas incumplidas por parte del gobierno. Los trabajadores de la salud, que han estado en la primera línea de la atención, denuncian que sus salarios están muy por debajo de la inflación y que las negociaciones paritarias son un fracaso. Lejos de ser un "acto violento", el ingreso al ministerio es un acto de desesperación ante un diálogo que se ha vuelto estéril.

Mientras el gobierno se enfoca en la "seguridad" de sus funcionarios y en denunciar el "hostigamiento", la comunidad sigue esperando respuestas concretas. Los trabajadores de la salud reclaman por la falta de inversión en hospitales, la carencia de equipamiento básico y la ausencia de una política que aborde la salud de manera integral, y no solo con parches.

La escasez de insumos —desde guantes y jeringas hasta medicamentos esenciales— es una realidad que impacta directamente en la calidad de la atención a los pacientes. La "inseguridad" real no es el encierro de una ministra, sino la vulnerabilidad de un sistema de salud que se cae a pedazos por la inacción del Estado.

El gobierno insiste en que el camino es el "diálogo y el respeto", pero ha demostrado una falta de voluntad para sentarse a negociar de buena fe. En lugar de ofrecer soluciones, ha respondido a la crisis con un cierre administrativo y una campaña de criminalización de la protesta. La respuesta del gobierno, en lugar de calmar la situación, agrava la sensación de desprotección y abandono que sienten los trabajadores.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, señaló: “No es casualidad que en cada movimiento de este sector de personas aparezca un medio de comunicación ligado estrechamente al intendente de Río Gallegos. Esto nos lleva a suponer que, detrás de un reclamo que puede tener un origen legítimo, existen otros intereses políticos que lo desvirtúan y terminan perjudicando no solo a las autoridades sino también al conjunto de la comunidad que necesita respuestas en materia de salud”.

Por su parte, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, informó que realizará las denuncias pertinentes ante la Justicia para que se investiguen los hechos y responsabilidades