Es inconstitucional callar a la policía de Santa Cruz

¡Uf!..Sí, ya sé. Suena raro. Rarísimo. Que este humilde redactor de "Santa Cruz nuestro lugar" salga a hablar en defensa de la policía puede parecer que se nos corrió el eje hacia la derecha. Pero aguantá un cacho y leé hasta el final. No es una defensa a la institución como maquinaria represiva ni un panfleto de esos que dicen “los buenos son los azules”. Para eso ya está Jairo Guzmán y su circo de ultraderecha que grita “libertad de expresión” solo cuando le conviene. Ese muchacho no quiere democracia, quiere rating de odio y votos para seguir colgado del Estado al que tanto dice odiar.

Acá el tema es otro. Mucho más profundo. Porque mientras Guzmán arma campaña con el uniforme ajeno, en Santa Cruz, bajo el gobierno de Claudio Vidal, se está cocinando en silencio una medida que huele a plomo recalentado: se le prohíbe a la policía hablar públicamente sobre política. Nada de opiniones, nada de posteos, nada de declaraciones. Como si fueran una especie de apolíticos por contrato. Como si los derechos constitucionales se pudieran guardar en el locker del destacamento.

Y eso, hermanx, no es una boludez. Porque hoy se les prohíbe opinar a ellos, y mañana a vos, a mí, a cualquier trabajador del Estado. Y ojo, no se trata de defender a un uniformado que quiere militar desde el patrullero. Nadie está pidiendo que la bonaerense escriba columnas de opinión. Pero sí que un ciudadano, por el solo hecho de portar un arma reglamentaria, no pierda su derecho a pensar, criticar, hablar. Porque lo que está pasando es eso: se está formando una fuerza muda, obediente, bien prolijita para ejecutar lo que venga sin chistar.

Y esa lógica no es nueva. La disfrazan de “neutralidad institucional”, de “ética profesional”, de “resguardo del orden”. Pero es verso. Verso puro. Porque la misma policía a la que se le impide hablar de política, después es usada para ejecutar decisiones políticas: controlar una marcha docente, cuidar una minera extranjera, frenar un piquete de vecinos cagados de hambre o vigilar una asamblea barrial. ¿Eso no es político?

La verdad es que no quieren una policía apolítica. Quieren una policía obediente. Sumisa. Que funcione como herramienta de control, pero sin derechos. Que pegue cuando haya que pegar, que no pregunte, que no cuestione. Y si puede ser, que aplauda en silencio al patrón de turno.

Y ahora, el dato duro: la Constitución Nacional en su artículo 14 es clarísima. Todo habitante tiene derecho “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. Y si vamos más al hueso, la Corte Suprema ya falló en múltiples ocasiones reconociendo que el derecho a la libertad de expresión no se pierde por la condición laboral ni por el uniforme que se lleve puesto. Incluso tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13), garantizan ese derecho sin hacer distinción alguna por profesión o cargo. Si un gobierno pretende limitarlo, tiene que hacerlo con argumentos serios, proporcionados y fundados en una amenaza real. ¿El problema es que un cana opine en Facebook? Dale, no jodamos.

Entonces sí: esto también es política. Porque lo que se juega en esta decisión no es solo la voz de los canas, sino el modelo de poder que Vidal viene instalando de a poco, sin estridencias, con tono de “trabajo serio”, pero con mano dura simbólica. Y eso debería preocuparnos. No por simpatía con los uniformados, sino por lo que se está cocinando como proyecto: un Estado donde solo pueden hablar los que están de acuerdo con el que manda. Y donde los que disienten —aunque sea desde adentro—, mejor que se llamen a silencio.

Así que no, esto no va de bancar a Guzmán ni de romantizar a la yuta. Esto va de advertir que si se le corta la lengua a una parte del pueblo, sea cual sea su uniforme o función, lo que se viene es una democracia de cartón. Una república pintada con cal, pero vacía por dentro. Una provincia donde todos podemos hablar... salvo cuando no.

Por @_fernandocabrera