La hijoputez de bancar la modificación de la Ley de Zona Fría

Hay gobiernos que parecen convencidos de que pueden caminar por una cornisa mojada sin hacerse mierda. Y eso es exactamente lo que está haciendo la Provincia cada vez que intenta quedar bien con Nación mientras acá la gente se hunde entre tarifas, salarios detonados y un invierno que te mastica los huesos.

Porque el problema ya no es ideológico ni partidario. El problema es que el ajuste te entra por la puerta de tu casa envuelto en una boleta de gas que da terror.

Hace unos días el gobernador salió a explicar que los aumentos salariales de 2024 y 2025 supuestamente le ganaron a la inflación, que ahora no puede largar otra recomposición porque las cuentas están hechas pelota y que Nación viene pasando la motosierra sin asco sobre los recursos provinciales. En resumen: no hay guita, hay que resistir y seguir laburando como se pueda.

Perfecto. El tema es que mientras desde un lado te piden comprensión y paciencia, desde el otro aparece Garrido levantando la mano otra vez en línea con Milei para avanzar sobre subsidios al gas que inevitablemente van a pegarle a Santa Cruz. Y ahí se cae toda la escenografía.

Porque no hace falta ser economista para entender el quilombo: cualquier aumento que llegue más adelante se lo va a fumar una factura. Una sola. El gas. Ese servicio que en esta provincia no es un lujo ni un capricho de cheto ecológico; es literalmente lo que separa a una familia de cagarse de frío.

Y mientras tanto te quieren vender moderación, equilibrio y responsabilidad fiscal. Dale, hermano. La gente no vive de PowerPoint ni de relatos administrativos. Vive haciendo cuentas para ver si llega a fin de mes sin tener que apagar la calefacción o endeudarse para morfar.

Por eso la bronca explotó fuerte después de la votación. Desde el municipio salieron a mostrar recibos de sueldo comparados con boletas de gas que parecen una joda de mal gusto. Laburantes dejando una parte absurda de su salario solamente para calefaccionarse. Familias enteras viendo cómo un servicio básico les morfa el bolsillo mientras desde Buenos Aires siguen jugando al ajuste eterno y algunos acá les siguen haciendo de partenaire.

Y el enojo crece porque cada vez queda más evidente que el cuento de que “la casta iba a pagar el ajuste” terminó siendo humo. La están pagando los trabajadores, los jubilados y cualquiera que cobre un sueldo común y tenga que sobrevivir en una provincia donde el invierno no perdona.

Pero además hay otra cuestión que casi no se explica y que deja todavía más en evidencia el chamuyo con el que quieren justificar esta movida. Porque el gobierno habla del régimen de zona fría como si fuera un agujero fiscal insoportable para el Estado. Y eso es mentira. No sale un peso del Tesoro Nacional para sostener ese esquema.

La ley de zona fría se financia con la propia factura de los usuarios. Todos los que pagan gas en el país aportan un porcentaje específico —hoy ronda el siete por ciento— que va a un fondo fiduciario destinado justamente a compensar tarifas entre las zonas templadas y las regiones donde el frío te parte al medio durante meses. O sea: el sistema se banca con plata de la gente, no del Estado.

Entonces aparece una pregunta bastante simple: si no hay costo fiscal, ¿por qué tanta desesperación por liquidar el régimen?

Y ahí está la trastienda del asunto.

Porque el problema no es el déficit ni la motosierra ni el equilibrio presupuestario. El problema es la torta. Ese fondo fiduciario mueve cerca de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos. Plata gigantesca. Y si eliminan o vacían la zona fría, la guita no desaparece mágicamente: cambia de destino.

Lo que empieza a quedar claro es que quieren redireccionar esos recursos para compensar a las empresas productoras de gas. Dicho más brutalmente: le sacan protección a las familias para garantizar negocios de petroleras y energéticas. Y encima con una perversión extra: aunque te recorten el beneficio de zona fría, el cargo en la factura lo vas a seguir pagando igual. O sea, te rompen el orto dos veces. Perdés el subsidio y seguís poniendo la guita.

Y como si eso fuera poco, la misma ley habilita subir todavía más ese recargo. Puede pasar del siete al once y medio por ciento. En un contexto donde las facturas ya vienen detonadas, eso significa seguir exprimiendo usuarios para transferir recursos monumentales hacia un puñado de empresas.

Por eso también el apuro. Porque esto empezaría a sentirse de lleno entre julio y septiembre. Justo cuando la Patagonia entra en los meses más crueles del invierno. No es casualidad. Saben perfectamente cuándo pega más fuerte el gas y cuándo una boleta puede convertirse en una sentencia para miles de familias.

Entonces basta de vender esto como una epopeya anti déficit o como una cruzada técnica contra la inflación. Acá no están ajustando privilegios estatales. Acá están moviendo plata desde el bolsillo de los usuarios hacia sectores empresariales muy concretos.

Y mientras tanto, del otro lado del escritorio, hay gente viendo cómo mierda hace para calefaccionar la casa sin quedarse sin comer. Esa, querido lector de "Santa Cruz nuestro lugar", es la realidad. O más bien el claro producto del arte de la hijoputez.

Por @_fernandocabrera