La seguridad pública de Santa Cruz le pone ultimátum al poder político

En Santa Cruz, quienes patrullan las calles y custodian las cárceles santacruceñas ya no hablan en voz baja. Se cansaron de susurrar en los pasillos y ahora golpean la mesa. Este 8 de febrero, representantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario le plantaron un petitorio formal al gobernador Claudio Vidal denunciando una situación económica que califican de “insostenible”. Y cuando tipos y tipas que laburan con uniforme dicen que no dan más, conviene prestar atención. Según estiman, entre 2024 y 2026 el salario perdió alrededor del 67% de su poder adquisitivo. Traducido al santacruceño básico: el sueldo se licuó, se hizo humo, y el súper, el alquiler y la nafta te pasan por arriba como viento patagónico en agosto.

No están pidiendo champagne ni privilegios de casta. Exigen que ningún agente cobre menos de $3.800.000 netos de bolsillo. Porque hoy —dicen— hay activos, retirados y pensionados que quedaron debajo de la línea de pobreza, incluso arañando la indigencia. La postal es fuerte: el Estado pidiendo profesionalismo, temple y disponibilidad 24/7, mientras el que cuida la calle llega a fin de mes haciendo malabares. Bancar el orden público con la heladera en modo eco no es épica, es desgaste.

La nota elevada al Ejecutivo tiene tono formal, prolijito, casi de escritorio. Pero abajo late un malhumor que ya no entra en sobre membretado. Piden apertura inmediata de paritarias, que los autoconvocados se sienten en la mesa y no los dejen mirando desde la vereda, pago completo de viáticos que —según denuncian— hoy se liquidan al 50%, reconocimiento por insalubridad y riesgo físico y psicológico, y que las horas extras, los feriados y la nocturnidad dejen de ser un favor ad honorem al Estado. O sea: que el laburo que quema y desgasta se pague como corresponde y no con palmaditas simbólicas.

Lo más picante no es el número sino el reloj: 72 horas para una respuesta formal. Después, dicen, se reservan el derecho a medidas de acción directa. Y ahí la cosa deja de ser un tironeo salarial más. Porque cuando la bronca se instala en las fuerzas de seguridad, el temblor no es sectorial, es institucional. No es un gremio cualquiera el que aprieta el acelerador; es la columna vertebral del sistema la que avisa que está fisurada.

La contradicción es de manual. Una provincia que se llena la boca hablando de inversiones, desarrollo y futuro productivo, pero que no logra garantizar condiciones básicas a quienes sostienen la tranquilidad cotidiana. Si la base cruje, el edificio no puede hacerse el distraído. No es una planilla de Excel, es la dignidad de quienes salen a la calle cuando el resto baja la persiana.

El reloj ya está corriendo. Setenta y dos horas en política pueden ser un pestañeo o una eternidad, depende de qué lado del mostrador estés. Pero cuando el bolsillo está flaco y la paciencia también, cada día pesa como plomo. La seguridad pública santacruceña dejó de pedir por favor y empezó a exigir. Y cuando el uniforme habla en modo ultimátum, no es capricho: es síntoma de que algo, hace rato, viene haciendo ruido bajo la alfombra del poder.

Por @_fernandocabrera