Loreiro: Una docente que escribió una ley para perseguir docentes

Lo que la Legislatura de Santa Cruz presentó ayer, 11 de junio, con el rimbombante nombre de “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias” es, lisa y llanamente, una mordaza. Una jugada grosera, de esas que se disfrazan de sentido común pero esconden un fondo espeso. Dicen que es para cuidar el derecho a estudiar en paz, pero lo que hacen en realidad es cercar las escuelas y meterle un bozal a cualquier reclamo que se escuche demasiado fuerte.

Y acá viene el detalle que haría sonrojar de vergüenza hasta al más insensible: la autora de esta ley, la pluma detrás de este engendro, es nada más ni nada menos que una docente. Sí, leyeron bien: Fabiola Loreiro, diputada por Puerto Santa Cruz. Una docente escribiendo una ley para perseguir docentes. Una defensora de la educación que firma con entusiasmo una ley que criminaliza a quienes justamente defienden la escuela pública. Aplausos para la coherencia, por favor.

En el primer artículo ya se planta el terreno: queda prohibido hacer manifestaciones, usar megáfonos, bombos, altoparlantes o cualquier cosa que genere “ruidos molestos” cerca de las escuelas, sean públicas o privadas. ¿Pero qué es un “ruido molesto”? ¿Quién lo decide? ¿Un bombo que acompaña un reclamo docente molesta más que el silencio de una escuela sin calefacción?

El problema es que la categoría es tan ambigua que entra todo. Con ese criterio, hasta un grupo de estudiantes leyendo un poema con megáfono podría ser pasible de sanción. Es una forma elegante de decir: “Podés protestar, pero que no se note”.

La ley no se queda en la puerta de las escuelas. En el artículo 2, define al “entorno escolar protegido” como algo mucho más amplio: el interior del edificio, un radio de 200 metros, las rutas que usan los pibes para entrar y salir y, como si fuera poco, las plataformas digitales oficiales. O sea: si armás un reclamo por redes sociales que moleste a una escuela, también podrían irte a buscar. Una locura.

Y esa locura, encima, no se limita al ámbito docente. Vos imaginate: si el límite es de 200 metros alrededor de cualquier establecimiento educativo, entonces tampoco se podría manifestar frente a la Caja de Servicios Sociales, porque está el Jardín Medalla Milagrosa. Ni en la sede de gobierno, por la cercanía con el IMA. Tampoco en el Concejo Deliberante o en la Municipalidad, por la Escuela N°1. Y ni hablar del Consejo Provincial de Educación, que está en la misma esquina que la Escuela 19. Entonces, ¿dónde se podría reclamar en horario escolar? ¿En el medio del campo?

Es un proyecto tan incómodo que parece escrito por alguien con vocación de guionista distópico. No sé qué le parecerá al lector de "Santa Cruz nuestro lugar", pero a este humilde redactor le late que a esta Loreiro en cualquier momento la llaman para guionar una nueva temporada de Black Mirror.

El artículo 3 autoriza al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad y al Consejo Provincial de Educación a pedir la intervención de las fuerzas de seguridad si hace falta para hacer cumplir la norma. O sea, si un grupo de docentes se planta con bombos a reclamar paritarias dignas afuera de una escuela, puede venir la policía a dispersarlos, con todo lo que eso implica. Una postal que ya vimos muchas veces y que esta ley busca institucionalizar.

El artículo 4 reparte castigos como caramelos: apercibimientos a directivos, multas a personas físicas o jurídicas, y hasta la suspensión del permiso de funcionamiento para organizaciones “reincidentes”. ¿Qué significa eso? ¿Que si un gremio protesta dos veces ya lo pueden dejar afuera del juego? Es una amenaza directa al derecho a organizarse y a expresar disidencia.

Detrás de todo esto hay una idea peligrosamente simplona: que los problemas desaparecen si no se ven. Que los chicos van a aprender mejor si no escuchan bombos, aunque estén con frío, sin libros o con hambre. Que la protesta contamina, pero el ajuste no. Que el silencio es pedagógico, pero el conflicto es un virus.

Pero resulta que educar también es enseñar a mirar el mundo, a discutirlo, a transformarlo. Y esa educación no se logra en aulas blindadas, sino en escuelas abiertas a lo que pasa del otro lado del vidrio.

Esta ley no busca proteger la educación: busca vaciarla de preguntas. Busca que los pibes no escuchen las voces que reclaman, porque sabe que esas voces incomodan. Porque, al final, lo que más molesta no es el ruido: es la conciencia.

Por @_fernandocabrera