Los cargos políticos del PAMI amedrentan trabajadores a viva voz advirtiendo "sanciones" y puestos de trabajo "en riesgo": Denuncian prácticas disciplinadoras, hostigamiento y aprietes

La Mesa Federal de ATE emitió un duro comunicado contra Paula Alejandra Álvarez, titular de la UGL XXVIII. Empleados denuncian aprietes, prohibición de hablar con compañeros tildados de "K" y amenazas de despidos por parte de su círculo íntimo. Advierten que es solo el comienzo de una ola de denuncias.

Lo que comenzó como un fuerte malestar en los pasillos de la Unidad de Gestión Local (UGL) XXVIII del PAMI en Santa Cruz, hoy se materializa en un contundente reclamo sindical que deja al descubierto los polémicos manejos de la gestión de La Libertad Avanza en la provincia. A través de un duro comunicado respaldado por ATE Sector PAMI, la CTA Autónoma y CLATE, los trabajadores han dicho "basta" a las prácticas disciplinadoras y aprietes encabezados por la actual directora, Paula Alejandra Álvarez.

Álvarez, quien desembarcó en nuestra ciudad proveniente de Las Heras para asumir el cargo nacional en diciembre del año pasado, es señalada como la sucesora política y ejecutora de las directivas del diputado Jairo Henoch Guzmán. Pero la funcionaria no actúa sola. En las oficinas del PAMI, el control y la presión también son ejercidos por su círculo de extrema confianza: Lucas Oyarzo —uno de los hombres del riñón de Guzmán— y los hermanos Matías y Maximiliano Velázquez Kruger, quienes son apuntados por el personal como los encargados de llevar adelante las prácticas intimidatorias diarias.

El comunicado que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas es claro: *"Expresamos nuestro enérgico repudio al accionar de la directora de la UGL XXVIII Santa Cruz [...] ante la persecución y sanciones a trabajadores y trabajadoras por ejercer su legítimo derecho a realizar asambleas"*. Sin embargo, la realidad puertas adentro del edificio parece ser aún más grave que la vulneración de los derechos sindicales.

Las prácticas de hostigamiento se han vuelto moneda corriente en la delegación. Según los testimonios a los que accedimos desde Santa Cruz Nuestro Lugar, los directivos confirman a viva voz y frente al resto del personal que existen empleados anotados en "listas de sanciones", dejando en claro de manera explícita que sus puestos de trabajo en el área corren un serio peligro.

A este clima de inestabilidad se suma un nivel de discriminación política y segregación alarmante. Las autoridades libertarias han bajado la orden directa de que los empleados "no deben reunirse ni conversar" con aquellos trabajadores que provienen de la gestión anterior. A estos últimos se los estigmatiza constantemente, tildándolos de "ser K", en un claro intento por quebrar la solidaridad entre compañeros y sembrar la desconfianza en el ámbito laboral.

"Rechazamos todo intento de disciplinamiento y exigimos el cese inmediato de estas prácticas", subraya el flyer firmado por la organización gremial, exigiendo garantías para la participación de los compañeros.

No obstante, fuentes cercanas a los trabajadores afectados hicieron hincapié a este medio en que el comunicado oficial es solo la respuesta visible a una crisis mucho más profunda. El clima de persecuta impuesto por el equipo de La Libertad Avanza ha logrado que muchos callen, pero el hartazgo generalizado está comenzando a quebrar esa barrera.

Desde el entorno de los cerca de 40 trabajadores del ente advierten que este es apenas el inicio de una serie de denuncias que, por el momento y ante el temor a sufrir represalias o despidos arbitrarios, se están canalizando de manera extraoficial, sin la mirada intimidante de los funcionarios libertarios desde el ventanal del primer piso.