Los escandalosos sorteos del senador Carambia

El senador nacional José María Carambia decidió convertir su salario legislativo en un premio azaroso que reparte entre ciudadanos, como si el sueldo no formara parte de la estructura institucional que sostiene la democracia.

El gesto, presentado como una muestra de austeridad, en realidad instala una pregunta incómoda: ¿puede alguien ejercer un cargo público y, al mismo tiempo, tratar su retribución como un objeto de propaganda personal? Lejos de abrir un debate serio sobre el uso de fondos públicos o la función del Congreso, la iniciativa reduce todo a una rifa. Literalmente.

La movida no es nueva. Ya la hizo Javier Milei en su etapa de diputado, cuando sorteaba su dieta con bombos y platillos mientras construía su figura mediática. Ahora, el senador santacruceño levanta esa bandera en el Congreso, quizás queriendo mostrarse distinto, despegado de la "casta", o vaya uno a saber qué. Pero conviene mirar esto con lupa, porque detrás del show hay cuestiones jodidas: éticas, morales y, por qué no, hasta inconstitucionales.

Primero lo básico: el sueldo de un legislador no es un regalo, ni un botín personal que se puede rifar por redes sociales. Es una retribución institucional, fijada para garantizar que cualquier ciudadano —no solo los ricos— pueda ejercer la función pública con autonomía, sin tener que depender de favores o "changas" externas. Sortear ese dinero, entonces, no es un gesto de nobleza, sino una manera de banalizar la responsabilidad que implica representar al pueblo. Es como si un juez decidiera rifar su veredicto.

Segundo: esto no soluciona absolutamente nada. No baja el gasto público, no mejora el nivel del Congreso, no evita los curros ni erradica la corrupción. Es puro humo. Un acto de marketing con olor a populismo, que lejos está de transformar la política. Porque claro, es más fácil montar un show que construir una ley justa, o pelear por un presupuesto decente para las escuelas de la provincia.

Y tercero —pero no menos grave—: el sorteo puede entrar en zona de conflicto con la Constitución Nacional. El artículo 74 establece que los legisladores deben ser remunerados por sus servicios. Esa remuneración, más allá del monto, es lo que sostiene la igualdad y la independencia del cargo. Si uno la sortea o la dona con fines propagandísticos, rompe esa lógica. Además, ¿cómo se garantiza que el sorteo sea transparente? ¿A qué padrón responde? ¿No estamos creando una especie de clientelismo 2.0, donde en vez de bolsas de comida, se reparte plata de manera caprichosa?

Y ni hablar del uso personal de recursos públicos con fines de promoción. La Ley de Ética Pública lo deja clarito: los cargos no pueden usarse para beneficio personal, ni siquiera simbólico. Entonces, ¿cómo encaja esto de jugar al benefactor con guita del Estado? ¿No es una forma de hacer campaña permanente bajo la excusa del “gesto solidario”? No lo sé, Rick.

La política no puede seguir jugando a ser espectáculo. Carambia no está rifando un sueldo cualquiera: está rifando la dignidad de la representación popular. Y lo hace con la complicidad de una sociedad que, cansada de los privilegios, a veces compra cualquier verso con tal de sentir que “alguien hace algo distinto”. Pero distinto no siempre es mejor. A veces, simplemente es más peligroso.

Porque si seguimos convirtiendo al Congreso en una tómbola, y al legislador en un influencer, un día vamos a despertarnos sin instituciones, sin leyes que nos representen, y con la triste certeza de que la democracia también se nos fue… por sorteo.

Por @_fernandocabrera