Que alguien me explique esto

Así se titula la publicación en redes sociales que reflexiona sobre la violencia de género y los femicidios de Giselle Páez y Antonella Aybar, ambas asesinadas por sus parejas a puñaladas a los 23 años con una diferencia de una década entre ambos crímenes.

El 13 de abril de 2015, Claudia llamó a la policía porque escuchó gritar a su vecina en Las Heras. Cuando llegó el patrullero, golpeó la puerta y atendió German Romero. “Acá está todo tranquilo jefe, nada que ver”.

La policía se fue, y un ahora más tarde, Giselle Páez, de 23 años, murió desangrada camino al hospital.

Dejó dos nenes chiquitos (5 y 2). Esa fue la primera causa que se caratuló como “femicidio” en Santa Cruz.

Si los policías que acudieron al llamado de la vecina hubiesen preguntado por ella, Giselle estaría viva.

Fue dos meses antes del primer NiUnaMenos, el hecho político que nos permitió construir políticas públicas para abordar la violencia machista y la incorporación de la perspectiva de género en el estado.

Diez años después de la muerte de Giselle, el femicidio de Antonella Aybar en Caleta Olivia nos viene a recordar que para nosotras ninguna conquista está asegurada.

El viernes un vecino llamó a la comisaria después de ver una mujer que dijo haber sido atacada por su hijo, Nicolás Moyano (25) con un cuchillo. Contó además que adentro de la casa estaba la novia de él.

Esto pasó entre las 7:30 y las 8 de la mañana, sin embargo, la policía no entró a la vivienda hasta el mediodía. Según el vocero de la Policía de Santa Cruz, Elbio Ramírez, fue porque no tenían orden judicial. ¿Perdón?

El artículo 211 del Código Procesal Penal de Santa Cruz dice que la policía puede allanar una casa en caso de “incendio, explosión, inundación u otro estrago, se hallare amenazada la vida o la integridad física de los habitantes u otra persona…”

Cuando la policía entró a la casa después de estar horas haciendo ¿guardia? Antonella ya estaba muerta. Tenía la misma edad que Giselle y al igual que ella, su pareja la mató a puñaladas.

Yo quiero que el ministro de Seguridad del gobierno provincial que banca a los que nos arrebataron a las minas las políticas contra las violencias ponga la cara y de explicaciones.

Casi 100 muertas llevamos contando en lo que va del 2025, mientras aplauden a un presidente que dice que el femicidio es un beneficio y pide sacarlo del Código Penal, en un país en el que matan a una mina cada 30 horas, por lo general a manos de su pareja o ex, la mayoría de las veces en su propia casa.

El estado debe cumplir con su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que alguien asuma la responsabilidad del pésimo procedimiento policial que hicieron!

Por Sara Delgado.