Tres allanamientos en Río Gallegos por producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

En jornadas marcadas por un fuerte despliegue policial, la capital santacruceña fue escenario de una serie de procedimientos judiciales que pusieron el foco sobre la ciberdelincuencia y la protección de menores. Bajo las órdenes de la Justicia local, la División de Investigaciones de Río Gallegos desarticuló focos de presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil en diferentes puntos de la ciudad.

La génesis de estas actuaciones no es azarosa. Las investigaciones se iniciaron a partir de alertas emitidas por la organización internacional CyberTipline, perteneciente al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos. Estos reportes, que detectan el tráfico de contenido ilícito a nivel global, fueron el puntapié para que la Policía de Santa Cruz iniciara una minuciosa labor de rastreo digital.

En el primero de los operativos, realizado el pasado 16 de diciembre, el Juzgado de Instrucción Numero 1 ordenó el ingreso a dos viviendas situadas sobre la calle Zapiola al 200. Según fuentes policiales, el análisis previo de dispositivos secuestrados en causas anteriores permitió a los peritos identificar a las posibles víctimas y localizar los sitios donde se habría registrado el material.

El procedimiento en la zona céntrica no estuvo exento de incidentes. El principal investigado en esta causa fue aprehendido tras intentar confrontar a los efectivos, sumando a su situación procesal el cargo de atentado y resistencia a la autoridad. Durante la requisa de los inmuebles, se incautó una importante cantidad de soportes electrónicos y telefonía celular que serán claves para el avance de la instrucción.

Dada la sensibilidad del caso, se dio intervención inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, activando los protocolos de protección integral vigentes en la provincia.

En paralelo, un segundo frente investigativo liderado por el Juzgado de Instrucción Numero 2 y la Fiscalía Numero 1 derivó en un allanamiento en el Barrio Procrear. Allí, los sabuesos de la DDI lograron individualizar a otro presunto responsable vinculado a la divulgación de contenido prohibido.

El resultado en este domicilio también fue calificado como positivo por las autoridades, lográndose el secuestro de dispositivos tecnológicos que quedaron bajo custodia judicial para su correspondiente peritaje.

Desde la Policía de Santa Cruz destacaron la importancia del trabajo articulado con el Poder Judicial para combatir estos delitos complejos que trascienden fronteras. Por estas horas, los involucrados permanecen a disposición de la Justicia mientras se aguardan los resultados de las pericias informáticas sobre el material incautado.