El Ejecutivo resolvió suprimir el Programa de Fortalecimiento Comunitario, el cual proporcionaba apoyo económico a pueblos indígenas para la gestión de asesoramiento jurídico en disputas territoriales. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial, llevó la firma de Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Este programa tenía como propósito financiar asistencia legal, contable y formativa, con el objetivo de afianzar la propiedad colectiva de tierras ocupadas por comunidades originarias. No obstante, el Gobierno argumentó su eliminación señalando «fallas y desvíos en su operatividad», según lo constatado en auditorías de la Sindicatura General de la Nación.
La supresión de este mecanismo impactará directamente en las comunidades indígenas, que perderán un canal de respaldo para la defensa de sus derechos territoriales. Sin este sustento estatal, la capacidad de los pueblos originarios para enfrentar litigios legales y administrativos se verá disminuida, lo que podría generar un aumento en los conflictos por la tenencia de tierras y una mayor vulnerabilidad frente a desalojos o disputas con actores privados y estatales.
A lo largo de la historia, gobiernos de distintas partes del mundo han recurrido a medidas similares para debilitar la resistencia de comunidades indígenas y facilitar el avance de intereses económicos sobre sus territorios. En países como Estados Unidos, Canadá y Brasil, la reducción de apoyo legal y financiero ha sido utilizada como una estrategia para despojar a los pueblos originarios de sus tierras, dejando el camino libre para la explotación agrícola, minera o inmobiliaria en áreas ancestrales.
En este sentido, los incendios en El Bolsón han sido señalados reiteradamente como intencionales, facilitando la especulación inmobiliaria sobre tierras arrasadas por el fuego. En 2021, el entonces diputado Máximo Kirchner impulsó un proyecto de ley para evitar que predios afectados por incendios pudieran ser vendidos durante al menos 60 años, con el objetivo de frenar la apropiación de tierras en zonas estratégicas. Sin embargo, la falta de regulación efectiva y el desmantelamiento de políticas de protección territorial dejan a las comunidades originarias aún más expuestas a estos procesos de despojo, beneficiando a grupos económicos con intereses en el desarrollo turístico y la explotación de recursos naturales.
La eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario también impactará en Santa Cruz, donde diversas comunidades indígenas enfrentan disputas territoriales con grandes estancias ganaderas y proyectos extractivistas. Sin apoyo legal financiado por el Estado, estas comunidades tendrán mayores dificultades para defender sus derechos frente a desalojos o acuerdos de cesión de tierras poco transparentes. Además, la provincia, con vastos territorios de interés para la minería y la energía, podría ver un recrudecimiento de conflictos por la tenencia de tierras, en un contexto donde el avance de inversiones privadas suele ir de la mano con el debilitamiento de los derechos de los pueblos originarios.
Por @fernandocabrera
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